EL MUNDO INDIGENA 2016

ASIA DEL ESTE Y ASIA DEL SURESTE
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tes”, o bien contra las políticas emitidas por el Estado o la comunidad empresarial. El
“requisito” de un paraguas jurídico como, por ejemplo, legislación sobre pueblos indígenas,
se convierte en una barrera para los pueblos indígenas en su búsqueda de
justicia. Debe existir, en cambio, una legislación especial para los pueblos indígenas.
Por otra parte, el Estado mantiene su mutismo cuándo se trata de leyes y políticas
que criminalizan a los pueblos indígenas. La Ley de Prevención y Supresión de
la Destrucción de los Bosques y la Ley Forestal no se han modificado, y continúan
siendo una herramienta jurídica con la que los funcionarios estatales tienen la capacidad
de criminalizar, violar y denegar los derechos de los pueblos indígenas sobre
tierras y territorios indígenas.
Algunos de los siguientes casos ilustran cómo el Estado sigue utilizando un modelo
jurídico oficial en la actuación frente a los problemas que afrontan los pueblos
indígenas.
1. El caso Pueblo indígena Semunying Jaya contra PT. Ledo Lestari terminó
con el rechazo de la demanda del pueblo indígena Semunying Jaya por los
jueces del Tribunal de Distrito de Bengkayang en Kalimantan Occidental, incluso
después de que los pueblos indígenas hubieran sufrido un proceso judicial
con decenas de vistas. El pueblo indígena Semunying Jaya, en el subdistrito
de Jagoi, el distrito de Babang Benkayang en Kalimantan Occidental
presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Bengkayang contra
PT. Ledo Lestari, una empresa de plantaciones que se había apropiado de
tierras indígenas. Después de celebrar más de 27 juicios, los jueces del Tribunal
de Distrito de Bengkayang dictaron un veredicto de NO (niet ontvankelijke
verklaard) y desestimaron las demandas argumentando que los demandantes
no tenían categoría legal. En la estimación jurídica de los jueces,
los pueblos indígenas se consideraron carentes de estatus jurídico en forma
de un reglamento local o un decreto de los ministerios pertinentes que
reconozca su existencia como pueblos indígenas.
2. Más de 700 familias pertenecientes al pueblo indígena Tana Ai en Sikka,
Flores (Nusa Tenggara Oriental), recibieron amenazas de desalojos por
parte del gobierno local de Sikka. Se les acusa de vivir en la zona concedida
a PT. Diosis Agung (DIAG), una empresa dedicada a la plantación de cocoteros
y que después cambió su nombre a PT. Krisrama. El derecho de explotación
(HGU, por sus siglas en indonesio) de la empresa venció el 31 de
diciembre de 2013. El pueblo intentó repetidamente recuperar la tierra y el