EL MUNDO INDIGENA 2016

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PARAGUAY
En el Paraguay habitan alrededor de 112.848 indígenas, pertenecientes a 19
pueblos de 5 diferentes familias lingüísticas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní,
Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental), Maskoy (Toba
Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo
(Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú
(Qom). Según los datos preliminares del Censo Nacional de Población
y Vivienda Indígena 2012, publicados en 2013, se observa que en la región
Oriental habita una mayor proporción de población indígena (52,3%) que en
el Chaco, región que contiene la mayor diversidad de pueblos. Constituyen,
en total, 531 comunidades y 241 aldeas.
Si bien los pueblos indígenas en Paraguay componen una gran diversidad
y riqueza cultural, son víctimas de una discriminación sistemática y estructural
por parte del Estado, así como también de la sociedad no indígena. En este
sentido representan la población más pobre, excluida y marginada del país.
En este marco, todos los derechos humanos de los pueblos indígenas –
civiles, culturales, económicos, sociales y políticos– son permanentemente
vulnerados y afectados. Esta situación se debe, principalmente, a la invasión,
destrucción y expulsión de sus tierras tradicionales y territorios ancestrales
donde desarrollan su vida y donde se conectan profundamente con su cosmovisión,
supervivencia y las prácticas de su cultura.
Paraguay ha ratificado los principales instrumentos del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (Ley 234/93). Sin embargo, el Estado no los transversaliza,
interpreta y aplica, o lo hace de forma deficiente, lo que origina que
los derechos fundamentales de los indígenas sean constantemente violados.
Esta deficiencia se circunscribe a los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo
y judicial.
E
l Estado de Paraguay, entre lo político y lo social, persiste en situar lo indígena
como una categoría ajena al progreso social, ignorándolo una vez más en sus
políticas públicas y diluyendo sus obligaciones en genéricos planes de protección y con-