EL MUNDO INDIGENA 2016

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dad, en ausencia de cualquier legislación de protección para los pueblos indígenas
en Surinam.
Un caso similar ocurrió en Cabendadorp, donde un individuo obtuvo un título de
arrendamiento de tierras agrícolas en el medio de las tierras comunitarias, demandando
posteriormente a la jefa del pueblo porque ella había tratado de detenerlo en
la limpieza y el trabajo de la tierra.
Otra cuestión importante alcanzó los titulares de prensa cuando las aldeas Hollandse
Kamp y Witsanti descubrieron que el Aeropuerto Internacional Johan Adolf
Pengel obtuvo un título de propiedad –en el año 2012–, que cubre la mayor parte de
su área residencial. Los aldeanos se enteraron recién en mayo de 2015, cuando las
autoridades del aeropuerto comenzaron a poner marcadores para la nueva cerca de
la pista, justo delante de sus casas. Alarmado por sus habitantes, el jefe del pueblo
exigió una explicación de lo que estaba ocurriendo, y sólo entonces las autoridades
del aeropuerto les informaron que ellos poseen un título de propiedad sobre esas
tierras. Las conversaciones con el Gobierno no resultaron en la retirada del título de
propiedad solicitada por los aldeanos, que contaban con el apoyo de la Asociación de
Líderes de Aldeas Indígenas de Surinam, (VIDS en inglés). Aunque los aldeanos,
“asegurados” por el Gobierno de que no tendrán que ser reubicados “en este momento”,
están preparando medidas para otra denuncia contra Surinam en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sería la segunda vez que las aldeas
tienen que hacer lugar para el aeropuerto. En el momento de la construcción inicial
del aeropuerto internacional, en la década de 1940, cuando la pista se construyó
para permitir que aviones de carga aterrizaran en Surinam, la aldea Bisri y otros
asentamientos ya se habían visto forzados a trasladarse.
Otro caso de jurisprudencia vigente desde hace tiempo concerniente a la comunidad
Maho, cuya petición en 2009 a la CIDH fue admitida a trámite en 2010, 2 continúa
sin ser tratado a nivel nacional.
Estas y otras cuestiones llevaron a VIDS pero también a VSG –la Asociación de
Autoridades Saramaka– a enviar una carta conjunta al presidente de Surinam, Desiré
Bouterse, confirmando que ya no están dispuestos a trabajar con el comisionado
presidencial sobre el derecho a la tierra, Martín Misiedjan, que ha tomado una posición
fuertemente negativa contra los pueblos indígenas en estos y otros casos. El Sr.
Misiedjan fue también el representante del Estado en el caso de los pueblos Kaliña y
Lokono contra el Estado de Surinam ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.