EL MUNDO INDIGENA 2016

218 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
En materia de derechos políticos, durante el año 2015 se definió un estatuto migratorio
destinado a limitar la carga demográfica de la isla, de modo de salvaguardar
este ecosistema y garantizar la sustentabilidad social, cultural y económica de Rapa
Nui. Las acciones gubernamentales se han focalizado en la redacción del estatuto
migratorio y sus contenidos han sido definidos con la anuencia de la Comisión de
Desarrollo de Isla de Pascua. El proyecto de ley fue sometido a consulta indígena en
enero de 2016, proceso en el que votaron aproximadamente 1.400 personas, quienes
aprobaron el proyecto presentado por el Ejecutivo, el que posteriormente continuará
su tramitación ante el poder legislativo.
El Acuerdo Transpacífico (TPP)
y los derechos de pueblos indígenas
En octubre pasado, el Gobierno de Chile, junto a otros once gobiernos, concluyó las
negociaciones del Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP (Trans Pacifc
Partnership). Se trata de un acuerdo comercial negociado en secreto, con exclusión
de la ciudadanía y de los pueblos indígenas. Con más de seis mil páginas, sus contenidos
afectan los derechos de pueblos indígenas de muchas maneras. Entre los
contenidos más críticos del TPP para estos derechos se encuentran el capítulo referido
a la propiedad intelectual, en que se desprotegen los conocimientos tradicionales
asociados a los recursos genéticos al reiterar la obligación que Chile había
asumido en anteriores acuerdos comerciales de ratificar el UPOV 1991, Convenio
que establece un sistema de “protección” de los derechos de los “obtentores vegetales”,
entre ellos la reproducción y la comercialización de variedades vegetales, muchas
de ellas desarrolladas en base a conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas y comunidades rurales. También de preocupación es el capítulo relativo a
las inversiones, el que establece la obligación de los Estados de otorgar a los inversionistas
un “trato justo y equitativo además de protección y seguridad plenas”, y de
no expropiar ni nacionalizar sus inversiones, sea directa o indirectamente, salvo que
sea con un propósito público, de una manera no discriminatoria, mediante el pago de
una indemnización efectiva. Para determinar si un acto estatal constituye una expropiación
indirecta, el TPP considera su carácter, su impacto económico y la interferencia
con “expectativas inequívocas y razonables de la inversión”, lo que deja abiertas
las puertas a los inversionistas para impugnar ante tribunales arbitrales reconocidos
en el TPP, leyes o políticas públicas que favorezcan los derechos humanos o indígenas
por considerarlas expropiación indirecta. Los numerosos TLC que en las últimas