EL MUNDO INDIGENA 2016

212 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
rios conservados por ellos. Tampoco reconoce derechos de participación indígena en
la gestión de las áreas protegidas del Estado, así como el deber de restitución de
tierras en áreas protegidas cuando éstas sean tierras de ocupación tradicional y en
áreas protegidas que hayan sido creadas sin el consentimiento de las comunidades
afectadas. Dado que contiene una serie de materias susceptibles de afectar directamente
a los pueblos indígenas, sus tierras, sus recursos naturales, su derecho a
definir prioridades en materia de desarrollo, corresponde la consulta –de conformidad
al Convenio 169–, cuestión hasta ahora pendiente. Frente a esta realidad, los pueblos
indígenas realizaron una seria de indicaciones al legislativo proyecto de ley en
su tramitación en el Senado, indicaciones que, en su gran mayoría, han sido aceptadas,
estando pendiente aún las indicaciones del Gobierno sobre el proyecto. 3
La situación de los derechos del pueblo Mapuche
En lo que refiere al pueblo Mapuche, la situación de sus derechos durante al año
2015 sigue siendo crítica. De hecho, la situación se ha complejizado aún más producto
de las señales equívocas del Gobierno, como la remoción del ahora exintendente 4
de la región de la Araucanía (la región de mayor demografía indígena del país),
Francisco Huenchumilla, abogado mapuche quién había manifestado un abierto respaldo
a los derechos de su pueblo y a la necesidad de introducir reformas políticas y
jurídicas profundas para hacerlos efectivos. Huenchumilla fue reemplazado por Andrés
Jouannet, bajo cuya conducción el Gobierno ha privilegiado el enfoque policial
de los conflictos en territorio mapuche, intensificando la dotación de efectivos policiales
y carros blindados en la región de la Araucanía, 5 sin dar respuesta política a sus
demandas basadas en derechos reconocidos en el Convenio 169. Otra señal equívoca
desde el Estado, esta vez desde el legislativo, ha sido la incorporación de una
anotación al presupuesto de CONADI, mediante la cual se establece una limitación
que impide comprar tierras a comunidades que hayan usado vías no institucionales
para reivindicarlas. 6
Resulta evidente que el Gobierno de la presidenta Bachelet ha sido incapaz de
impulsar políticas públicas y procesos de diálogo que permitan abordar los conflictos
que vive el pueblo Mapuche en la Araucanía y regiones aledañas, en particular con
empresas forestales, hidroeléctricas y salmoneras, optando por la represión de sus
demandas basadas en el derecho a la propiedad de sus tierras de ocupación tradicional,
y en el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo, derechos establecidos
en el Convenio 169.