EL MUNDO INDIGENA 2016

AMERICA DEL SUR
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a una interpretación agrarista de los derechos indígenas que se desprende del
decreto Nº 2195/14, por la cual el territorio indígena termina donde haya reconocimiento
de derechos a terceros particulares, desconociendo el concepto de hábitat
establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas y la
misma Constitución boliviana. Por otro lado, el territorio Takovo Mora es de los
pocos que no cuenta con título de propiedad, hecho que lo hace vulnerable a la
otorgación de otros derechos en su interior. Ninguna de las peticiones fueron atendidas;
por el contrario, el Gobierno militarizó toda la zona, asumió como válida la
declaración de la CIDOB oficialista sobre la legitimidad de los tres decretos observados
y la titulación del territorio quedó nuevamente postergada.
Dos leyes para ampliar la frontera agrícola
En septiembre de 2015 fueron promulgadas dos leyes largamente esperadas por
los sectores del agronegocio para poder ampliar la frontera agrícola de las 3,7 millones
actuales a 20 millones de hectáreas hasta 2020.
Inicialmente se había promulgado la Ley Nº 740/15, con la cual se ampliaba el
plazo de verificación de trabajos agrarios en las propiedades medianas y grandes. Es
decir que los empresarios pueden mantener el derecho propietario sobre sus tierras sin
que por cinco años el Estado pueda ingresar a su propiedad a verificar si se está trabajando
o no. La norma atiende la preocupación de los empresarios y sobre todo la banca
privada, quienes detentan grandes extensiones de tierras sin ser trabajadas a la espera
de plusvalía o esperando inversiones extranjeras. Esta concesión contradice el principio
constitucional de que la tierra es para quien la trabaje.
Se promulgó también la Ley Nº 739/15 con la que se ha aplicado una reducción del
90% del monto de las multas adeudadas por quienes deforestaron ilegalmente en las
propiedades agrarias entre 1996 y 2011, en una superficie estimada de 3,5 millones de
hectáreas. Esta misma permite, en realidad, no aplicar la causal constitucional de reversión
7 a las propiedades que hayan deforestado sin permiso previo y la mensionada reducción
en la multa, bajo el compromiso de adscribirse a un programa de reforestación
y producción. Esta disposición disparó los desmontes, ahora considerados “legales”,
pasando a tener Bolivia una tasa de deforestación anual de 250 a casi 350 mil hectáreas,
siendo 20 veces más alto al promedio mundial. 8