EL MUNDO INDIGENA 2016

172 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
Adopción de decretos petroleros violatorios de los derechos
indígenas
Entre noviembre de 2014 y mayo de 2015, el gobierno nacional aprobó tres decretos
supremos que involucran los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios
cuando se realizan actividades extractivas de hidrocarburos en ellos sin que haya
mediado ninguna consulta.
Un primer decreto es el Nº 2195/14 que dispone los criterios para fijar los montos
de compensación por los impactos que registren en sus territorios a causa de dichas
actividades. Un primer criterio es el de establecer un porcentaje máximo sobre el
monto total de la inversión del proyecto –1,5%– modificando la Ley de Hidrocarburos
que indicaba que las compensaciones debían ser económicas. Un segundo es que el
alcance de la compensación se define de acuerdo a la superficie específica donde
radica la operación y el número de pobladores que habita en sus inmediaciones,
condicionando el alcance de los estudios de impacto ambiental y las compensaciones
consecuentes. Un tercero es del establecimiento de un plazo perentorio para
cerrar la negociación –180 días– pasados los cuales si no existiere acuerdo, es el
Estado quien la definirá. Con estos criterios se pretende abaratar los costos de operación
de las empresas y bajar los niveles de conflictividad de estas actividades en un
contexto de apertura e incentivo a la inversión extranjera impulsada por el Estado.
Un segundo decreto es el Nº 2298/15 que ha modificado totalmente el proceso
de consulta definido por el Decreto Supremo Nº 29.033/07 de Consulta y Participación
para Actividades Hidrocarburíferas en Territorios Indígenas. 1 El D.S. 2298/15 ha
derogado los derechos de estos pueblos a que el Estado les proporcione la información
relativa a los proyectos de manera veraz, oportuna y adecuada, así como la
posibilidad de contar con una asesoría especializada para afrontar la Consulta (Art.
2º). Por otro lado se dispone que la sola presencia de las comunidades en las reuniones
puede dar continuidad a la ejecución del Proceso de Consulta, marginando la
participación de las organizaciones representativas y sus autoridades tradicionales
(Art. 3º). Además, cuando la Autoridad Competente 2 o la empresa no puedan obtener
el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos, se podrá cerrar el proceso
con una Resolución Administrativa, volviendo el Proceso de Consulta un procedimiento
administrativo desnaturalizándolo en su esencia y objetivos. 3
Se derogó también la disposición del D.S. 29.033/09 que establecía como causal
de nulidad del Proceso de Consulta el que éste se desarrollare transgrediendo el