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68 LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA HOY
Desde entonces las personas sordas, sin duda también gracias a la dedicación de estos profesionales,
han visto cómo cada vez eran más numerosos y distintos los ámbitos en los que participaban y
por ende la presencia de la lengua de signos española aumentaba casi exponencialmente, al tiempo
que se consideraban otras vías de formación que pudieran responder a la actual demanda, que poco
tiene que ver con la que se pudo plantear en la década de los 90. Coyunturalmente, en otros países, la
formación y acreditación de estos profesionales se ubica en niveles universitarios y no en los que se
corresponden con la Formación Profesional.
En España, en el proceso de creación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales llevado
a cabo por el Gobierno con las cualificaciones profesionales propuesta por el Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL) –cuya competencia se centra únicamente en cualificaciones profesionales
de niveles 1, 2 y 3, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1128/2003– se constata que el
nivel competencial de estos profesionales queda fuera de los niveles 1, 2 y 3 objeto de estudio y, para
algunas de sus competencias, podría superarlos. Como consecuencia no se desarrolló la cualificación
profesional correspondiente y, por ende, no es factible la actualización del título, Formación Profesional
de Grado Superior al tener que estar necesariamente los títulos que se elaboren referenciados
al CNCP, según lo previsto tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, como en el Real Decreto
1538/2006 y el Real Decreto 1147/2011 que, sucesivamente, se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
En estos momentos, la oferta de formación a nivel universitario es muy limitada, a pesar de lo cual es
muy heterogénea. Conviene, tal y como recogen las Disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley
27/2007, que se analicen y determinen los nuevos planes de formación y acreditación y se analicen y
propongan vías para regular la situación de los profesionales que vienen desarrollando su labor antes
de la puesta en marcha del actual título. Ambas tareas deberán fraguarse con la implicación de las entidades
que representan los intereses de usuarios, profesionales, y de quienes prestan estos servicios.
Y sobre todo, basándose en un ejercicio de análisis que impida repetir los inconvenientes detectados.
En este sentido, es necesario que se acometan estos trabajos con celeridad ya que en tanto en cuanto se
multiplican los contextos y ámbitos susceptibles de prestar este servicio de interpretación se complica
la situación en la que concurren profesionales titulados y/o acreditados por diferentes vías. Se comprueba,
con más frecuencia de la que cabría desear, que la oferta de puestos de trabajo (principalmente
si es de empleo público) no considera a aquellos profesionales que se acreditaron por vías no formales.
Por ello, la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2007 contempla el análisis por parte del gobierno
de la situación de los intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas que han
adquirido su formación a través de enseñanzas no regladas, con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, en orden a su regulación administrativa. En este orden de las cosas cabe mencionar la
imposibilidad de acogerse al procedimiento para el reconocimiento y acreditación de competencias
profesionales adquiridas por la vía de la experiencia laboral, y vías no formales de formación, como
dicta el Real Decreto 1224/2009 precisamente porque no existe cualificación profesional en el CNCP.
La situación descrita cierra formalmente todas las vías a un posible reconocimiento y acreditación de
las competencias de los profesionales que, durante años, han venido desempeñando estas tareas,