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Economia-feminista-desde-america-latina

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La economía <strong>feminista</strong> <strong>desde</strong> América Latina:<br />

Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región<br />

cubierta y en condiciones de vulnerabilidad (OIT/PNUD, 2009; Martínez<br />

Franzoni, 2010; Lupica, 2010). 115<br />

La idea de que el cuidado de niñas y niños debe ser provisto por las familias<br />

(y las madres), en particular cuando son pequeños, se encuentra<br />

en el sustrato de la muy baja cobertura de salas maternales, guarderías<br />

y jardines de infantes en la región (Martínez y Monge, 2007). Aún en los<br />

países con estados de bienestar más desarrollados (Uruguay, Argentina,<br />

Costa Rica, Chile, por ejemplo) y en donde la educación primaria se acerca<br />

a la cobertura universal, los servicios de cuidado para niños y niñas<br />

en edad pre-escolar provistos por el estado son escasos, dejando espacio<br />

para soluciones “vía mercado” en las familias que tienen recursos, o<br />

vía “comunitaria” para las familias que carecen de ellos (Rodríguez Enríquez,<br />

2007, Carcedo et al, 2011; Faur, 2011a). Y si bien en algunos contextos<br />

la política pública ha avanzado hacia una progresiva cobertura universal<br />

en los años inmediatamente anteriores a la escolaridad primaria<br />

(la “obligatoriedad” de las salas de 4 y 5 años en los casos de Uruguay y<br />

Argentina, y de 3, 4 y 5 años en México), en otros, los servicios de cuidado<br />

infantil públicos se focalizan en los sectores más empobrecidos, y aun<br />

así la cobertura tiende a ser muy inferior a la demanda potencial (en el<br />

caso de Costa Rica, por ejemplo, la cobertura llega sólo al 18% de la población<br />

objetivo, Carcedo et al, 2011).<br />

En contextos de menor desarrollo del sistema educativo (los casos de<br />

Ecuador y Nicaragua, por ejemplo, aunque existen iniciativas de este<br />

tipo también en Argentina y México), se privilegia la gestión comunitaria<br />

de servicios de cuidado infantil, con financiamiento estatal (Staab y<br />

Gerhard, 2010; Martínez Franzoni et al, 2010). 116 Apelando a los saberes<br />

“naturales” (es decir, no profesionales) de las mujeres, estos centros son<br />

atendidos por “madres comunitarias” en sus propios hogares, lo que<br />

exacerba estereotipos de género y puede comprometer la calidad y seguridad<br />

de las prestaciones (Staab, 2011). 117<br />

115 En estos tres textos, la “conciliación” se entiende como más amplia que la regulación laboral, y<br />

funciona como puerta de entrada al análisis de las políticas de cuidado.<br />

116 A veces se subsidia a la demanda (México), otras veces la oferta (Argentina, Ecuador, Nicaragua).<br />

117 Staab (2011:54) aclara, que, para el caso de Ecuador, “en noviembre del 2010, sin embargo, el<br />

MIES [Ministerio de Inclusión Económica y Social] anunció una reforma generalizada del programa.<br />

Esta prevé que a partir de enero 2011 la gestión y coordinación de los centros – renombrados<br />

“Centros para el Buen Vivir” – es asumida directamente por empleados del MIES (…) Apuntando a<br />

un lenguaje menos maternalista, las cuidadoras se llamarán ‘promotoras (en vez de madres) comunitarias’<br />

y, más importantemente, recibirán el salario mínimo.”<br />

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