Economia-feminista-desde-america-latina

La economía feminista desde América Latina:
Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región
textos de elevada informalidad laboral la cobertura de estas políticas
nunca es universal. 119
Aun cuando los cuidados de la salud son parte de la evaluación de los
cuidados, en pocas ocasiones se los analiza en profundidad (¿tal vez
porque es un área de estudio específica?), señalándose la existencia de
programas de salud materno-infantil de carácter (o vocación) universal
(para los casos de Argentina y Uruguay: Rodríguez Enríquez, 2007; y por
ejemplo, Martínez Franzoni et al, 2010 para el caso de Nicaragua).
Por el contrario, los análisis de la organización social del cuidado de
niñas y niños incluyen en todos los casos la consideración de los programas
de transferencias condicionadas (PTC), por su extensión y por
la relevancia que han tomado en el marco de las políticas sociales (ver
capítulo 8), aunque su relación con la provisión de cuidados es difusa.
En efecto, si bien el acceso a estos programas está relacionado con la
presencia de niñas y niños en los hogares, y la condicionalidad se asocia
a que los niños y niñas cumplan con los chequeos de salud y asistan
a establecimientos educativos (condicionalidad que deben cumplir las
madres pobres), claramente la transferencia monetaria está dirigida a
mantener un nivel mínimo de consumo del hogar, propio de la protección
social, y no es “dinero para cuidar”. Por el contrario, todo el cuidado
que no es salud y educación se supone provisto por las madres, a la vez
beneficiarias y responsables de cuidar.
Algunas de las evaluaciones sobre la organización social del cuidado relevadas
abarcan también el conjunto de prestaciones y políticas sociales
no directamente relacionadas con el cuidado, incluyendo los programas
de infraestructura y prestaciones en especie (por ejemplo, programas
alimentarios) (Anderson, 2010; Salvador, 2009; Genta y Contreras, 2010).
En el caso de los adultos mayores, se incluye también el análisis de los
sistemas de previsión social, que brindan acceso a una cobertura de servicios
de salud pero difícilmente incluyan dinero para “comprar cuidados”
(Salvador, 2009; Arriagada y Todaro, 2011). Esto sucede porque la “lógica
del cuidado” (dinero para cuidar y servicios de cuidado a dependientes) se
solapa con la “lógica de la provisión social”, que provee de ingresos a poblaciones
en riesgo. Aún bajo un abordaje universalista de la protección
119 Por ejemplo, en el caso de Bolivia, alcanzan a las y los ocupados del sector público, que representan
sólo al 10% de la población ocupada (Jiménez Zamora, 2010).
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