Economia-feminista-desde-america-latina

La economía feminista desde América Latina:
Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región
Se requiere, por tanto, que las políticas se diseñen en función de estos
objetivos, para alcanzar igualdad entre mujeres y hombres cuando se
busca mejorar la distribución del ingreso.
Derivada del análisis de políticas de gasto público, la autora presenta
aquí una propuesta basada en la consideración de que el Estado asumirá
su responsabilidad tanto en los procesos de reproducción social,
como en la búsqueda de la igualdad de género y el mejoramiento en la
distribución del ingreso. La propuesta se formula en dos niveles:
El primer nivel se refiere al incremento de las políticas de generación
de empleo (empleos formales, productivos, estables, con seguridad social)
para mujeres y hombres. Una opción es que el Estado incremente
la inversión pública a través del aumento del gasto público y estimule
así la demanda agregada; otra, es promover la creación de empleos
mediante políticas industriales de fomento, innovación tecnológica y financiamiento
a sectores estratégicos, a fin de estimular al sector empresarial
para que se comprometa con el Estado en esta tarea; el estímulo
al mercado interno en el área de servicios también podría considerarse
una opción para la generación de empleos formales. Contar con empleo
formal significa, para la ciudadanía, tener cubierta al menos una parte
del bienestar que se requiere para el sostenimiento de la vida humana.
El segundo nivel se refiere a la necesidad de una política de gasto público
que manifieste claramente que el Estado está asumiendo su responsabilidad
en los procesos de reproducción social y/o de cuidado de las
personas y buscando lograr el bienestar de la sociedad, lo que tiene que
ver con muchos aspectos; entre los principales se encuentran:
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1. El establecimiento de leyes, normas y reglamentos para que las
empresas asuman su parte en dichos procesos sociales, y conforme
a las cuales el Estado regule el derecho de las y los trabajadores
del sector privado de contar con servicios de asistencia
social, salud, pensiones, etc. La normatividad a seguir para las
empresas debe ser clara.
2. El incremento en la creación de infraestructura social para los
servicios de cuidado, que permita generar espacios públicos, tales
como guarderías y centros de esparcimiento y para la aten-