Economia-feminista-desde-america-latina

La economía feminista desde América Latina:
Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región
sino una constelación de prácticas diversas aunque jerárquicamente
organizadas de asignación de recursos” (Martínez Franzoni, 2007).
La formalización inicial de esta noción, difundida por Esping-Andersen
(1990), fue sometida a extensas polémicas y revisiones. Entre ellas
deben citarse las observaciones hechas desde la literatura feminista,
que discutieron la limitación de la conceptualización original para dar
cuenta de los órdenes de género que caracterizan a las instituciones
(O’Connor et al., 1999; Orloff, 1996; Sainsbury, 1996), y la necesidad de
visibilizar que los RB están apoyados, en mayor o menor medida, en
un modelo de familia constituido por varones proveedores y mujeres
cuidadoras (Lewis, 1993; Sainsbury 1996, 1999).
Draibe y Riesco (2006) sintetizan (siguiendo a la literatura sobre el
tema, y en particular sus adaptaciones para el caso de América Latina)
los componentes que hoy definen un régimen de bienestar 233 . Los
mismos incluyen:
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a. Un modo combinado e interdependiente como el bienestar es
producido y distribuido entre el Estado, el mercado y los hogares.
Frecuentemente, se suma un cuarto componente, genéricamente
referido como “tercer sector” (o el sector voluntario, o
la comunidad o las organizaciones de la “sociedad civil”).
b. Cierto modelo o estructura del sistema público de políticas sociales,
en general compuesto por los programas de seguridad
social, servicios educacionales y de salud (más o menos universales),
programas de asistencia social y (eventuales) auxilios
monetarios a grupos sociales determinados. Esto es, un cierto
sistema de protección social.
c. Un modelo o tipo predominante de familia, según características
de la estructura familiar de poder y de la división sexual de
trabajo prevaleciente.
d. Ciertos grados de independencia o autonomía del bienestar
de las familias y personas respecto del mercado (particularmente
del mercado laboral) (desmercantilización) y respecto
233 Draibe y Riesco (2006) lo denominan régimen de bienestar social.