Economia-feminista-desde-america-latina

La economía feminista desde América Latina:
Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región
En otros casos, los problemas no son sólo de cobertura o tipo de gestión
de los servicios de cuidado infantil, sino de adecuación de las
prestaciones a las necesidades de las familias. En Perú, por ejemplo, “el
Estado proveedor de centros preescolares y cunas infantiles (…) pretende
exigir la asistencia regular de los niños [mientras que] los familiares
suelen entender que estos son servicios que pueden y deben
usarse cuando nadie de la familia está disponible para atender al niño
o la niña pequeña” (Anderson, 2010:33). Los horarios de los servicios
de cuidado y la duración de la jornada escolar (a veces se requiere ser
trabajadora de tiempo completo para acceder a jardines de infantes
de jornada simple) pueden también conspirar contra el objetivo declarado
de estas políticas de posibilitar que las madres se integren al
mercado de trabajo (Staab y Gerhard, 2010).
Estas características ponen de relieve que lo que diferencia a estas iniciativas
(y a la postre, su real cobertura) es la titularidad del derecho a
acceder a los servicios, y la definición de “beneficiario” de los mismos
(que puede coincidir o no con la/el titular): mientras que las iniciativas
universales definen a los niños y niñas como beneficiarios y como titulares
del derecho a acceder a los servicios de cuidado, enfatizando las
ventajas de la educación inicial y ampliando ofertas de cuidado profesionalizadas
(aun cuando, a veces, el problema es que sólo se centran
en las niñas y niños, y no a sus familias), las iniciativas focalizadas en
la población pobre son fragmentadas y tienden a hacer mayor foco
en las “madres pobres” y sus necesidades de generar ingresos, más
que en las niñas y niños. 118 Las políticas que asocian el acceso a los
servicios de cuidado al empleo registrado de la madre (típicas de países
con mayor desarrollo de sus legislaciones laborales protectoras, y
de sectores productivos con elevado nivel de formalidad, entre ellos el
sector público) suelen tomar en cuenta a la vez la situación de niños y
niñas y de sus familias, aunque la titularidad de derecho es de la madre
ocupada formal (y no del padre). Como en el caso de las políticas
de conciliación consagradas en la legislación laboral, en nuestros con-
118 Como señalan Carcedo et al (2011) para el caso de Costa Rica, “otro de los requisitos además es
que las madres cuenten con algún trabajo remunerado, ya que los servicios se consideran un apoyo
a las familias para salir de la situación de pobreza facilitando a las madres la posibilidad de trabajar
para obtener algún ingreso. Nótese sin embargo, que las condiciones del trabajo deberán ser precarias,
insuficientes y probablemente infrinjan normas laborales, ya que para mantenerse dentro
del servicio es condición sine qua non permanecer en situación de pobreza. (…) Lejos de ser una
estrategia de combate a la pobreza este tipo de requerimientos más bien la están perpetuando.”
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