Economia-feminista-desde-america-latina

La economía feminista desde América Latina:
Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región
Recuadro 3.4
La firma del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo: hacia el reconocimiento
del valor y los derechos del trabajo doméstico remunerado
Las trabajadoras domésticas remuneradas representan a un significativo contingente
dentro del universo de las y los trabajadores del cuidado, sobre todo en los países en vías
de desarrollo. En un contexto como el latinoamericano, nada menos que 14 millones de
mujeres –en promedio, un 15 por ciento de la población femenina ocupada de la región–
desempeñan esta ocupación (Valenzuela y Mora, 2009). La mayoría de ellas desarrolla
su trabajo en condiciones precarias, con los bajos salarios, y sin protección social y legal,
como resultado del incumplimiento de la normativa laboral, pero también porque esta
normativa es generalmente débil (Loyo y Velázquez, 2009).
En este contexto, la reciente firma en junio de este año por parte de los estados miembros
de la OIT este año del Convenio 189 sobre el “Trabajo decente para las trabajadoras
y los trabajadores del servicio doméstico” y su suscripción por parte de la mayoría de los
estados latinoamericanos, puede contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de estas
trabajadoras en la región. Entre los derechos más salientes estipulados en el Convenio
se encuentran: 1) la garantía de libertad de asociación sindical y el reconocimiento del
derecho a la negociación colectiva; 2) el establecimiento por parte de los Estados de una
edad mínima para el ejercicio de la ocupación, 3) la estipulación de consideraciones es
peciales para los menores de 18 años que ejercen la ocupación; 4) la expresa inclusión de
las trabajadoras migrantes dentro de las normas establecidas; 5) el establecimiento de
políticas para la prevención y tratamiento de situaciones de abuso, acoso y violencia, 6) la
promoción de contratos de trabajo por escrito; 7) el patrocinio de políticas que tiendan a
eliminar la residencia forzosa en el lugar de trabajo y promuevan la plena disponibilidad
de la documentación personal; 8) la garantía de igualdad de trato respecto al resto de
los trabajadores en lo que concierne a: los periodos de descanso, el acceso a la seguridad
social (incluyendo todos los derechos relativos a la maternidad) y el acceso a la justicia
para la resolución de los conflictos laborales; 9) la inclusión de las trabajadoras dentro de
regímenes salario mínimo allí donde estos existan y la promoción de mecanismos para
la regulación de la modalidad y la forma de pago; 10) el establecimiento de normas y
controles relativos a la seguridad y la salud en el ámbito laboral; 11) la sanción de medidas
para controlar y regular el funcionamiento de las Agencias de Empleo que median en
esta ocupación y; 12) la generación de mecanismos y medidas que promuevan el efectivo
cumplimiento de las normas estipuladas.
El texto del Convenio es acompañado de una Recomendación (no.201) que profundiza
sobre los contenidos propuestos, amplía los detalles deseables respecto a los lineamientos
del Convenio y sugiere alternativas en forma más detallada para implementar
las medidas propuestas, aunque no tiene carácter vinculante para los estados. Entre
los puntos importantes incluidos en la Recomendación, pero no en el Convenio, se destaca
la extensión de la cobertura de la seguridad social para quienes se desempeñan
pocas horas para múltiples empleadores, una situación muy frecuente que suele estar
asociada a niveles de protección social significativamente más bajos que los de las trabajadoras
de jornada completa (Pereyra, 2010); y las sugerencias específicas respecto
a la protección de las trabajadoras migrantes, cuyo peso y vulnerabilidad dentro del
sector son ampliamente reconocidos (Pérez Orozco, 2009).
169