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Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia
director del proceso 880 . Lo que constituye una atenuación a la rigidez del principio
dispositivo 881 , pues de conformidad con el artículo 11 del Código
de Procedimiento Civil rige la prohibición de proceder de oficio después de
iniciado el proceso, salvo las excepciones de ley entre las que se incluye
el orden público y la expresa autorización legal, tales como los artículos 401
y 502 eiusdem 882 .
880
Véase opinión del Juez Carlos Ortiz Flores: “Las anteriores consideraciones, no obstan
la actividad procesal que puede desplegar el Jurisdicente, en este sentido, resulta
congruente que ante la omisión del o los solicitantes de oficiar a los entes respectivos
en pro de descartar la existencia de una situación distinta o diversa a la peticionada
por el actor ante el órgano jurisdiccional, a saber, la presunción de ausencia, tal como
sería que el presunto ausente se encontrase realmente fallecido o por el contrario, fuera
del país y con paradero perfectamente determinado. Bajo estas circunstancias, estaríamos
ante un obvio incumplimiento de los supuestos de procedencia del procedimiento
de presunción de ausencia, siendo entonces competente al director del proceso para
obtener de oficio, tal información, participando de tal inquietud al Servicio Administrativo
de Identificación, Migración y Extranjería o al Consejo Nacional Electoral, los cuales son
capaces de remitir la información pertinente, facilitando así al Juez la verificación de
los requisitos de la solicitud o impidiendo la declaración favorable cuando la misma sea
a todas luces improcedente. Así pues, tal actividad oficiosa, en criterio de este juzgador,
no vulnera los derechos del o los peticionantes”. Véase también en general: Converset:
Poderes del juez en el proceso civil, “el juez, como órgano del Estado, cuenta
con suficientes poderes jurisdiccionales de orden público y se halla autorizado para
realizar de oficio una amplia averiguación de la verdad del proceso en miras a un interés
superior de justicia, sin atender si suple o no la inactividad voluntaria o involuntaria de las
partes… La iniciativa del órgano jurisdiccional en cuanto medio de salvaguarda de
los intereses privados, tratando de dictar una sentencia más acorde con la realidad, no
tiene por qué desvirtuar la naturaleza privada de esos intereses… La actividad probatoria
del juez en cuanto tiende a la búsqueda de la verdad obedece a un imperativo de
orden constitucional, como es el debido proceso”.
881
Véase: opinión de Salvador Yannuzzi: No obstante que las partes son las dueñas del
proceso según la concepción liberal, el Código de Procedimiento Civil otorga importantes
facultades al Juez de intervenir en el proceso (artículos 12, 14, 17, 401, 451,
472 y 514): “El Juez tiene iniciativas probatorias que puede usar, incrementadas en las
Leyes de orden social… debe decidir de acuerdo a lo alegado y probado, pero puede
el Juez aportar elementos de prueba, siempre con sujeción al principio de legalidad y
regularidad de la prueba. No obstante, que entre las iniciativas probatorias del Juez no
se encuentra la posibilidad de oficiar a entes en solicitud de información, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha opinado que ello puede hacerse