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Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia
1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por
escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje
todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan
surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica,
contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda
ser resuelto por arbitraje.
2. La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula compromisoria
incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las
partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.
3. El tribunal de todo Estado Contratante, al que se someta un litigio
respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido
del presente artículo, deberá, a instancia de una de ellas, remitirlas
a arbitraje, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo,
ineficaz o inaplicable.
Las líneas que siguen tienen como pretensión contribuir de manera modesta
al estudio de la defensa o reacción del demandado que pretende hacer valer el
efecto negativo (o procesal) del acuerdo arbitral; particularmente en el contexto
del tratamiento jurisprudencial que ha recibido en Venezuela a la fecha
que se escribe esto. Tomando en cuenta que dentro de las cuestiones previas
establecidas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil no se encuentra
reglada expresamente una excepción de arbitraje o excepción de compromiso,
sugerimos una interpretación que vea el fenómeno más allá de las tendencias
jurisprudenciales actuales.
1. Algunas consideraciones generales sobre la excepción
“procesal” de arbitraje
Como es sabido el proceso como método de debate único e irrepetible adopta
una forma que permite a, por lo menos, dos sujetos discutir razones frente a un
tercero imparcial. Hay un primer sujeto que inicia el procedimiento mediante la
acción procesal poniendo en movimiento el aparato jurisdiccional al cual le