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Reflexiones sobre las tendencias jurisprudenciales…
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zolano y es casi un dogma inexpugnable hasta el punto que se relaciona la
excepción de arbitraje de manera automática con la falta de jurisdicción del
Poder Judicial. Sin embargo, este criterio no tiene fundamentos sistemáticos
que lo avalen y ha generado una monopolización del conocimiento de la
excepción de arbitraje en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia.
En este sentido, la sentencia N° 1209 dictada en fecha 19 de junio de 2001,
caso: Hoteles Doral vs. Corporaciones L Hoteles, era –como veremos– el leading
case (seguido por sentencia N° 832/2002, caso: Inversiones San Ciprian,
C.A.). La Sala Político Administrativa señaló en ese caso como puntos de
juricidad relevantes para resolver la consulta que se le sometía: i. la necesidad
de determinar la validez de la cláusula compromisoria para advertir o no su
eficacia, particularmente el relativo a la capacidad “de quienes, mediante la
celebración del pacto o negocio que le contenga, procedan a comprometer en
árbitros”, ii. el carácter expreso, inequívoco e incuestionable de las cláusula
de enervar cualquier conocimiento judicial sobre los conflictos, y iii. la existencia
de conductas procesales de las partes, orientadas a una inequívoca,
indiscutible y no fraudulenta intención de someterse en arbitraje, como: no
renunciar tácitamente al arbitraje bien por efectuar cualquier actuación diferente
al planteamiento de la “declinatoria de competencia” o si bien planteándola
no se haga en “forma”, es decir, de conformidad con el ordinal 1° del
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, esto último –según la Sala–
por requerirse una especial técnica para el planteamiento de la excepción.
La importancia de esta decisión fue el establecimiento de una serie de requisitos
y condiciones para la eficacia de la excepción o defensa de arbitraje no previstos
en la ley, así como la ambigüedad al no distinguir la falta de jurisdicción y la
incompetencia del tribunal, sin aclarar cuál de los dos institutos aplicaba como
mecanismo para hacer valer la eficacia procesal del acuerdo. Asimismo, el fallo,
luego de reconocer la vigencia constitucional de los medios alternativos de
resolución de conflictos y el mandato dirigido no sólo al Poder Legislativo
sino también al Poder Judicial de promoverlos, declara la intención de “salvaguardar
la seguridad jurídica y la erradicación de todo uso tergiversado que