ciencias-juridicas3A-1

266
Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia
de la prueba de la muerte, el Legislador ha provisto un procedimiento que
tiende —según la fase y el régimen de que se trate— a satisfacer las necesidades
patrimoniales del ausente y mayormente de quienes fueran sus herederos
u otros interesados.
Nuestro Derecho consagra dos procedimientos distintos según la modalidad
de la desaparición del ausente. El régimen ordinario se conforma de tres fases
y el régimen especial o presunción de muerte por accidente que constituye un
procedimiento abreviado en caso de siniestro que solo consta de dos fases y
presenta una abreviación sustancial de los lapsos. En este último se excluye
la primera etapa que existe en el régimen ordinario (presunción de ausencia)
y que tiende mayormente a la protección de los bienes e intereses del presunto
ausente. Pero tal fin no es la esencia de la ausencia pues a ésta acceden los
interesados en su propio beneficio.
Si se excluye la etapa de la presunción de ausencia que tiene lugar en el régimen
ordinario básicamente a favor del presunto ausente, las demás fases tienden
a la satisfacción de los intereses patrimoniales de los sujetos cuyos
derechos y obligaciones dependen del ausente. De allí que sea discutible que
se trate de un procedimiento “en interés” del ausente (a diferencia del procedimiento
de incapacitación).
La doctrina distingue respecto de la naturaleza del procedimiento que el régimen
ordinario, específicamente en su fase intermedia (declaración de ausencia),
tiene naturaleza contenciosa, a diferencia del régimen especial de presunción
de muerte por accidente que responde a la jurisdicción voluntaria. Tema que
presenta interés práctico dada la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia
de 2009 que atribuye a los Juzgados de Municipio el conocimiento de los
asuntos de jurisdicción voluntaria.
El procedimiento de ausencia tiene lugar únicamente en casos de incertidumbre
sobre la existencia de la persona natural; cuando se tenga prueba de su
muerte aunque el cuerpo no aparezca se precisa declaración judicial. Ello
pues no obstante la derogatoria del artículo 479 del Código Civil por parte de