el siglo sovietico

procedimientos. En la mayoría de los casos, el acusado ni siquiera estaba
presente. Un caso podía quedar visto para sentencia en diez minutos, y la
condena variaba, de cinco a veinticinco años en un campo o la ejecución
sumaria. La acusación que pesaba contra la mayoría de las víctimas era la de
«actividades contrarrevolucionarias», de ahí la rapidez de los juicios y la
cantidad de ejecuciones.
Otra fuente son los datos que proceden de los propios investigadores del
NKVD. El «histórico» decreto del Comité Central del 2 de julio de 1937, al
que ya nos hemos referido, ordenaba al NKVD que acabara con cualquier
«grupo enemigo». El texto, que fue enviado a las regiones administrativas
para su cumplimiento, como había sucedido con las campañas de confiscación
de cereales, establecía los cupos de los arrestos. Estos cupos se dividían en
cuatro categorías de delitos, y también se mencionaban las condenas
correspondientes. La categoría 1 incluía a 72.950 personas que debían ser
arrestadas y ejecutadas (la cifra total debía repartirse entre las diferentes
regiones). En la categoría 2 constaban 186.000 personas que debían ser
deportadas a los campos. Con este fin, había que abrir nuevos campos en los
bosques, aunque éstos también serían rápidamente insuficientes. Todo el
procedimiento era ciertamente kafkiano: la cifra de enemigos quedaba
estipulada por un cupo, pero estaba permitido superarlo. Bastaba con nombrar
a los chivos expiatorios.
Las cifras de los arrestos anuales son las que siguen: el 1 de enero de
1937, 820.881 personas; el 1 de enero de 1938, 996.367; el 1 de enero de
1939, 1.317.195. Del total de detenidos, fueron a parar a los campos de
trabajo 539.923 prisioneros en 1937 y 600.724 en 1938. Ese año, la cifra de
deportados al gulag alcanzó su máximo. De hecho, 837.000 detenidos fueron
liberados de los campos a raíz de una revisión de los casos durante el mandato
de Beria, con motivo de una «campaña de rectificación» ordenada por Stalin.
En 1939, sin embargo, la represión se puso de nuevo en marcha y el 1 de
enero de 1940 la cifra de internos en los campos y en las colonias era de
1.979.729, prisioneros comunes en su mayoría. Los presos políticos,
condenados en virtud de los artículos «contrarrevolucionarios» del código
penal, sumaban el 28,7 por 100 del total, algo más de 420.000 personas. La
cifra de reclusos también aumentó con el traslado de prisioneros procedentes
de territorios anexionados, a los que debemos añadir los detenidos a raíz de
dichas anexiones. La aplicación de los decretos de 1940 y 1941, que
castigaban el robo y la marcha sin autorización del lugar de trabajo, también
contribuyeron a engrosar estas cifras [2] .