el siglo sovietico

en función de la gravedad del crimen. De las seis clases de regímenes
penitenciarios que hemos mencionado, el número de internos en las dos más
severas era reducido, aunque desgraciadamente carecemos de las cifras
exactas. Estos juristas también se mostraban partidarios del principio de
«individualización», es decir, de adaptar el castigo y la reeducación a la
personalidad del condenado, en virtud del principio de que todo el mundo
puede reformarse.
Sería lógico pensar que estos «principios» eran inaceptables para los
conservadores, e incluso para algunos liberales que no creían que los
celadores o los funcionarios de prisiones pudieran educar a nadie y que
temían las consecuencias negativas de estas medidas.
No es éste el lugar para comentar otros aspectos debatidos por los juristas,
aunque hay uno que ya hemos mencionado que merece que le prestemos de
nuevo nuestra atención: la premisa básica de que un prisionero seguía siendo
un ciudadano. En sí misma, esta idea desafiaba una tendencia tan arraigada
entre los soviéticos como la de la represión. La categoría misma de «enemigo
del pueblo», y el tratamiento especial que se dispensaba a quienes pertenecían
a ella, había sido condenada implícita, y a menudo explícitamente, en muchos
textos desde los años sesenta. Las disposiciones por las que se perseguía a la
gente por «crímenes contrarrevolucionarios» o como «enemigos del pueblo»
desaparecieron del código penal, y esas expresiones se desvanecieron de la
terminología empleada por los agentes de la ley. En 1961 fueron sustituidas
en el código por seis párrafos que se ocupaban de «los crímenes más
peligrosos contra el Estado», la base para la posterior persecución de los
opositores políticos, aunque, a diferencia de la furia mostrada por el
estalinismo, éstos no serían condenados a muerte. El castigo contra tales
crímenes era la pérdida de la ciudadanía soviética y la expulsión de la URSS,
algo que en sí mismo no era ninguna atrocidad. La definición de la culpa
debía establecerse en función de los códigos soviéticos, y fue así como la
arbitrariedad dejó de ser la norma. Sin embargo, el mero hecho de perseguir a
los opositores políticos, o incluso a cualquier ciudadano que manifestara una
simple crítica, era motivo de sonrojo para el gobierno soviético, a escala
internacional pero también nacional.
No es fácil asegurar que se respetaran en la práctica el texto y el espíritu
de la legislación aquí evocada. No ha caído en mis manos una monografía
fiable sobre el sistema de prisiones de la etapa postestalinista, salvo en lo que
se refiere a las condiciones de detención de los prisioneros políticos,