el siglo sovietico

otras medidas, pero no siempre habían sido llevadas a la práctica. Los
políticos y los juristas liberales y conservadores discutían cada punto, y no
eran pocos. Otra medida importante fue la creación, el 27 de febrero de 1959,
del Colegio del Fiscal General y de sus equivalentes en las repúblicas, una
medida que tuvo su continuación en diversas inspecciones y en sesiones de
formación a cargo de un grupo de los principales funcionarios de la Oficina
del Fiscal de la URSS, con vistas a fortalecer la lucha contra el crimen y para
mejorar la administración penitenciaria.
No nos extenderemos más en cómo abordaron estas cuestiones los
diferentes órganos gubernamentales. Precisaríamos de monografías
especializadas para explicar esta historia con todo detalle, pero podemos
extraer entretanto algunas conclusiones provisionales. El sistema estalinista
de trabajos forzados gratuitos a cargo de los prisioneros, en su mayoría
prisioneros comunes aunque también había un número importante de
«contrarrevolucionarios» que no habían delinquido, se había convertido ya en
un vestigio del pasado. Y otro tanto podemos decir de los asentamientos
masivos en el exilio, donde cumplían su condena, en algunos casos a
perpetuidad, más de dos millones de personas: en 1960, tales centros
prácticamente se vaciaron de internos y se suspendieron sus sentencias [3] . Por
otro lado, la normalización del complejo penal y penitenciario no pudo ser
inmediata porque se trataba de un sistema que había heredado una poderosa
inclinación al castigo sin preocuparse excesivamente por las pruebas que
demostraban la culpabilidad del sujeto. Aquel sistema no guardaba la menor
relación con la idea de justicia y en los años sesenta hubo un intento de crear
un sistema de justicia propiamente dicho. Tal es la conclusión a la que
llegamos si nos centramos en todos los borradores que hicieron del código
penal y del penitenciario las instituciones penitenciarias y los órganos de
gobierno responsables. Las discusiones y las presiones por seguir adelante
con los cambios que se habían iniciado inmediatamente después de la guerra
persistieron con la llegada de Jrushchov al poder, y se mantuvieron
prácticamente hasta el final del sistema soviético. Una rápida ojeada a la
legislación en vigor en 1984 nos ofrece una imagen clara de los principios
jurídicos que rigieron el trato dispensado a los delincuentes hasta 1991.
Nos ocuparemos, más concretamente, de la política penitenciaria y de la
«ley de trabajo en prisión» que figuran en los códigos relevantes y en los
comentarios a ambos. Se trata de un ejercicio algo pesado pero, desde el
descubrimiento del código de Hammurabi, los historiadores saben hasta qué
punto pueden ser instructivos los textos legales, aunque no sean siempre