el siglo sovietico

disposición —quejas, recursos a fiscales y jueces y las peticiones de revisión
de casos por parte de los internos o de sus familias que llegaban al Partido o a
las diferentes autoridades estatales— y de los documentos de las diversas
comisiones de investigación, algunos de cuyos textos están en ocasiones al
alcance de los observadores occidentales. Los recursos y la intervención de
los fiscales o de los tribunales supremos a la hora de revisar las sentencias de
los tribunales de primera instancia eran medidas correctoras importantes en
los procedimientos legales y mejoraron la suerte de los prisioneros.
Otro avance significativo, vinculado a la racionalización —o tal vez
deberíamos hablar de modernización— de la política penitenciaria, fue la
presión que ejercieron los círculos legales y sus aliados políticos para moderar
aún más la tendencia punitiva del sistema, un procedimiento que, a ojos de
muchos, no resolvía nada sino que se limitaba a suscitar nuevos problemas.
W. I. Butler ha estudiado el aumento de la presión para lograr la aplicación de
sentencias que, por duras que fueran, no comportaran penas de prisión. En
este sentido, ha estudiado un abanico de «sentencias condicionales», cuyas
condenas podían llegar a ser el exilio en un lugar determinado o el destierro a
una región remota. Otras sentencias estipulaban trabajos obligatorios (el
condenado permanecía en su puesto de trabajo, pero se le deducía de su
salario una parte equivalente a una fuerte multa), ayudar a antiguos
prisioneros a reinsertarse o incluso sentencias que ni siquiera obligaban al
condenado a ningún tipo de trabajo (introducidas en la legislación de la URSS
y de las repúblicas por un decreto del 15 de marzo de 1983 y que regulaban el
estatuto de tales sentencias, su supervisión por parte de los fiscales y su
ejecución). Además de las multas anteriormente citadas, estas condenas solían
conllevar la prohibición de ocupar determinados puestos o de desempeñar
algunas actividades, la confiscación de las propiedades, la pérdida del rango
militar o de un título y amonestaciones públicas en el lugar de trabajo. Las
reformas en la justicia criminal en los años setenta y ochenta demuestran que
esta tendencia estaba cada vez más consolidada, y que las condenas que no
exigían el cumplimiento de una pena de prisión se fueron popularizando entre
el estamento judicial.
No debemos olvidar que el número de presos políticos y de criminales
peligrosos confinados en las prisiones, o en las dos categorías de colonias con
los regímenes más estrictos, era relativamente pequeño. La gran mayoría de
los prisioneros cumplían sus condenas en las categorías menos «rigurosas», y
eran el blanco de los experimentos que defendían las altas instancias
judiciales, los juristas y algunos círculos gubernamentales. Su propósito era