el siglo sovietico

podían pronunciar sentencias suspendidas, así como penas de trabajo
obligatorio para aquellas condenas de menos de tres años. En 1978, el Soviet
Supremo amplió la lista de los delitos que podían castigarse con multas o
penas que no exigían el ingreso en prisión. Cabe observar aquí que los
argumentos que se esgrimieron a favor de esta reducción de las penas por
delitos menores habían sido expuestos por criminólogos soviéticos, que
ponían en duda la eficacia de las penas de prisión cortas. Uno de los
especialistas más eminentes sostuvo, desde 1976, que una parte considerable
del aumento de la criminalidad se debía a la desestructuración familiar, a la
destrucción de los lazos sociales, a la falta de integración en una red social
mayor y al aumento del impacto de los subsidios sociales. El aislamiento en
las prisiones no hacía sino empeorar las cosas. Otros, citados por Fogleson,
afirmaban que las sentencias que no se cumplían en la cárcel evitaban que los
condenados se vieran como criminales y no acabaran convertidos en tales.
Entre 1977 y 1978, un grupo de destacados juristas se manifestó a favor
de una «mayor economía en los medios de represión» y pidió la introducción
de cambios en el código penal que lo hicieran más eficaz a la hora de cumplir
con los objetivos generales del sistema. Otros insistían en el carácter
científico de sus conclusiones y en el hecho de que, a finales del siglo XX, la
política debía basarse en la ciencia. Algunos autores exigían distanciarse
inmediatamente de la lógica punitiva para abrazar una filosofía utilitaria: el
castigo debía quedar en segundo plano si de lo que se trataba era de lograr un
objetivo social.
Mientras el Tribunal Supremo urgía a los tribunales ordinarios a que
optaran por otro tipo de sentencias y a que fueran más exigentes con las
investigaciones criminales y con las pruebas de culpabilidad, los resultados
globales de estas medidas fueron decepcionantes a ojos de sus promotores. En
noviembre de 1984, el Ministerio de Justicia llegó a la conclusión de que
algunos jueces no habían recibido el mensaje y apenas tenían en cuenta los
dictámenes de los tribunales supremos. Las viejas medidas planteaban
muchos menos problemas y eran más aceptables a ojos de la mentalidad
represiva que aún empapaba buena parte de los tribunales ordinarios
soviéticos. Sin embargo, se producirían más cambios, puesto que el frente de
la reforma penal era importante y podía tomar diferentes direcciones.
Las razones legales, jurídicas e ideológicas que se ocultaban detrás de esta
decisión de acabar con las tendencias punitivas no eran el único elemento de
la historia. La creciente escasez de mano de obra, de lo que nos ocuparemos