el siglo sovietico

respetados. No hay que subestimar los cambios que introdujeron estos
códigos [4] . Esto es así especialmente en el derecho de los prisioneros a
reunirse con sus abogados, sin límite de tiempo y sin la presencia de guardias.
Todo esto formaba parte, sin embargo, de una definición más genérica de los
derechos de los prisioneros, basada en una premisa a la que los códigos y la
jurisdicción dedicaban mucho espacio: la reclusión no comporta la pérdida
del estatuto de ciudadano ni, por extensión, la de los derechos como
ciudadano. El castigo restringe estos derechos, por supuesto, pero los internos
siguen perteneciendo a la comunidad. Las restricciones eran considerables: la
mujer de un prisionero podía divorciarse sin esperar a que fuera puesto en
libertad, los internos no tenían derecho de voto y no podían disponer
libremente de su dinero, entre otras. Sin embargo, disfrutaban del derecho
básico a la crítica y podían quejarse de la administración penitenciaria,
directamente, por medio de una carta a la administración, que ésta estaba
obligada a responder, o apelando a otras instancias (el Partido y el Estado) a
través de la administración penitenciaria. Ésta probablemente intentaría
convencer al prisionero para que no siguiera adelante con la queja, pero
estaba obligada a trasladarla si el interno insistía. De lo contrario, el caso
llegaría a oídos de la familia o de los amigos del condenado que iban a
visitarlo. La administración penitenciaria no estaba autorizada a abrir el
correo que los prisioneros enviaban a los fiscales y tenía que remitirlo en
veinticuatro horas.
Como ya hemos dicho, un avance importante lo constituyó el derecho de
los internos a poder reunirse con su abogado sin límite de tiempo. Según otra
fuente, las visitas de los abogados a los prisioneros estaban incluidas en la
sección «derechos de visita» [5] . No obstante, se regulaban en virtud del
«código del trabajo correccional» de las repúblicas, no del de la Unión. Salvo
si los códigos estipulaban lo contrario, las reuniones con el abogado tenían
que estar autorizadas previa petición por escrito del prisionero, de un
miembro de su familia o de un representante de un organismo público. Tenían
que celebrarse fuera de horas de trabajo y el abogado debía estar debidamente
acreditado. Si el prisionero o el abogado lo solicitaban, la reunión sería en
privado. (Debo confesar que fue toda una sorpresa descubrir estas
disposiciones legales en textos de finales de los años setenta y principios de
los ochenta).
Los fiscales, los tribunales y los órganos locales poseen multitud de
pruebas de gran número de quejas de los prisioneros que llegaban al