el siglo sovietico

hacia el «liberalismo» que ponía fin al indecible sufrimiento que habían
experimentado muchas personas. Sin embargo, aunque se puso fin al tema de
los «parientes», es decir, aunque el Estado reconoció su error, el mea culpa
del régimen no llegó a oídos de nadie. Un ejemplo: el 3 de diciembre de 1939,
el Tribunal Supremo aconsejó a Stalin y a Molotov que la revisión de las
sentencias por delitos contrarrevolucionarios se realizara siguiendo un
procedimiento legal —¡bienvenido el cambio!—, aunque se ocupara de los
casos un tribunal reducido. En otras palabras, aunque los tribunales
reconocían los errores que se habían cometido, se hacía todo lo posible para
que dichos casos no llegaran a oídos de la opinión pública. En una línea
idéntica, el 13 de diciembre de 1939, Pankratov, el fiscal general de la URSS,
propuso a Stalin y a Molotov que no se informara a los parientes de la
revisión de las sentencias en aquellos casos en los que las víctimas ya
hubieran sido ejecutadas.
También temía el gobierno que los métodos empleados durante los
interrogatorios salieran a la luz. Para impedirlo, Beria escribió a Stalin y a
Molotov el 7 de diciembre de 1939 a fin de proponer que no se admitiera la
presencia de los abogados defensores y de los testigos en las «investigaciones
preliminares» (cuyo objeto era revisar los procedimientos ilegales), «para
evitar que se revele cómo se llevan a cabo dichas investigaciones». No
obstante, incluso en este documento de alto secreto Beria recurría a una
artimaña, pues el significado real de sus palabras era éste: para evitar que se
descubra lo que las presentes investigaciones pueden revelar acerca de las
indagaciones del pasado. En los intercambios más confidenciales no se
mencionaba en ningún momento que se hubieran producido torturas (por
orden expresa de Stalin), ni que se hubiera obligado a los detenidos a firmar
«confesiones». Plasmar todo aquello en papel suponía arriesgarse a que lo
descubriera algún funcionario y lo desvelara. Es decir: no debemos decir a
nadie que los enemigos y los saboteadores, por encima de todos los que
fueron ejecutados, eran inocentes; no debemos revelar cómo se arrancaron las
confesiones, o que alguien rehabilitado ya ha sido fusilado.
Otras dos decisiones del Politburó muestran los límites de la «retirada» [6] .
El 10 de julio de 1939, ordenó a los responsables de los campos del NKVD
que abolieran las reducciones en las sentencias que se concedían a los
prisioneros comunes, y a algunos prisioneros políticos, por buena conducta. A
partir de ese momento, había que cumplir la pena íntegramente. Del mismo
modo, en las acusaciones de índole política, quedaba descartado el abandono
de la línea dura. El siniestro presidente del Tribunal Militar Supremo, Ulrij,