el siglo sovietico

mucho más potente: con la expansión del aparato, el Partido acabó
convirtiéndose en un mero apéndice, si bien no era éste el objetivo último de
Stalin, que diseñaría varios proyectos aún más radicales en los años cuarenta.
No es éste el lugar para dirimir cuándo adoptó estas medidas, si en 1933 o
algo antes. Lo importante es que se produjo una combinación de factores: el
dominio de un país sumido en una industrialización a gran escala y en un
proceso de «colectivización» precisaban de la eliminación definitiva del viejo
Partido revolucionario y de su transformación en una herramienta sumisa. A
tal efecto, se crearon agencias represoras «idóneas», o se actualizaron las ya
existentes para adaptarlas a los nuevos propósitos, y se forjó un léxico
ideológico para justificar la represión. La categoría de «crimen
contrarrevolucionario», que ya figuraba en el código penal y que era evidente
en un contexto revolucionario, se redefinió para abrazar nuevas situaciones.
Un fiscal militar especialmente activo en tiempos de Jrushchov, V. A.
Viktorov, describió las tendencias y las prácticas terroristas del estalinismo de
un modo sumamente crítico, refiriéndose a las «enmiendas con unas
consecuencias desproporcionadas» que se introdujeron en el código penal en
1926, a pesar de la oposición enérgica de diferentes círculos [2] .
El artículo sobre «crímenes contrarrevolucionarios» precisaba que antes
de llevar a cabo la acusación debía existir una «intención claramente probada
y una acción posterior». El nuevo, redactado desde la GPU, se las ingeniaba
para que fuera posible sortear la supervisión de los fiscales, los encargados de
garantizar la legalidad del proceso, en los arrestos y los interrogatorios, así
como para evitar otras «extrañas» disposiciones legales del código penal. Las
enmiendas en el código penal y los nuevos poderes que el gobierno había
concedido a la GPU hicieron posible que pudiera perseguir y castigar sin
disponer de pruebas reales, es decir, sin que el «cabeza de turco» hubiera
cometido realmente un crimen, y el objetivo de las investigaciones ya no era
demostrar la existencia de una «intención y una acción posterior». El análisis
de Viktorov señala que se había abierto la veda para un tipo de represión
«legal» donde bastaba simplemente con la propia acusación. Por extraño que
pueda parecer, la culpabilidad quedaba fijada antes incluso de que se
presentaran cargos.
En el último análisis, la combinación de manipulación pseudolegal del
código y de uso y abuso del «síndrome de la herejía» desembocó en una
situación surrealista en la que los ciudadanos llevaban la culpa inscrita en el
genotipo, y que podían ser acusados si así lo decidía el poder.
Paradójicamente, este absurdo legal, encubierto por una terminología de lo