el siglo sovietico

voluntario. Asimismo, la «obligación de trabajar» quedaba restringida a
situaciones excepcionales, como los desastres naturales o las obras públicas
urgentes. Otro capítulo se ocupaba de los acuerdos colectivos y de los
contratos individuales. Siempre que se respetaran algunas disposiciones
especiales, los trabajadores y los gestores podían modificar los segundos. Los
sindicatos se encargaban de las negociaciones colectivas, los tribunales
populares dirimían los conflictos laborales y se crearon comisiones ad hoc
sobre salarios, órganos de conciliación y tribunales de arbitraje. Se mantuvo
la jornada de ocho horas y se regularon las horas extras. El código de 1922 se
asemejaba, en definitiva, a los de los países occidentales, aunque el
beneficiado fuera el sector público.
La transición a la economía nacional planificada de 1929 conllevó
cambios en una serie de disposiciones. El Estado pasaba a ser el único patrón
y los sindicatos se integraban en la gestión de la economía. A partir de 1934,
dejaron de preparar los borradores de los convenios colectivos para ocuparse
de la seguridad social y del cumplimiento de las leyes, algo que hasta la fecha
corría a cargo del poderoso Comisariado de Trabajo, abolido en 1933;
presuntamente se fusionó con los sindicatos, pero éstos carecían de la misma
autoridad que un comisariado que perteneciera al gobierno. En 1930 se
implantó la asignación obligatoria de licenciados a los centros de trabajo
como parte de los procedimientos de planificación. En 1932 se reforzó el
control de los trabajadores: una ausencia de un día podía acarrear el despido
inmediato. Las medidas disciplinarias se endurecieron aún más en 1938, que
tipificó como delito llegar tarde al trabajo o abandonar el puesto
prematuramente. Un decreto de principios de 1940 acabó con la renuncia a un
puesto de trabajo sin el consentimiento de la dirección. Sin embargo, el
Estado podía trasladar a los trabajadores a su antojo sin que éstos tuvieran que
dar su aprobación. En 1947 se reinstauraron formalmente los convenios
colectivos que, a pesar de que el Estado los había abolido en 1935, habían
sobrevivido durante todo este tiempo de diferentes maneras, lo que
demostraba cuán necesarios eran. Los aumentos salariales dependían más que
nunca de las decisiones centralizadas, aunque se permitía una cierta
flexibilidad a escala local. Entre 1930 y 1940, la mayor parte de la legislación
laboral de 1922 había quedado obsoleta. Y el texto dejó de publicarse [11] .
En la etapa postestalinista se derogaron algunas de las medidas más
draconianas. Los trabajadores recuperaron el derecho a dimitir o a cambiar de
trabajo, y un nuevo texto, de 1957, suavizó las rígidas disposiciones que se
habían promulgado durante la guerra. Se estaba preparando una nueva