el siglo sovietico

llevar a cabo una «despenalización» a gran escala de un sistema
tradicionalmente proclive a imponer penas principalmente de prisión. La
lucha por liberalizar las sentencias se había iniciado mucho antes, en los años
inmediatamente posteriores a la muerte de Stalin, e incluso antes, pero se
recrudeció, y se saldó con éxito, a principios de los años ochenta. La frase «en
busca de la despenalización», enunciada por Todd Fogleson, la fuente de la
que proceden estos datos [10] , describe perfectamente este período.
Los datos del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa indican que, en
1980, alrededor del 94 por 100 de los acusados en causas penales fueron
hallados culpables, y que una cifra cercana al 60 por 100 acabaron en prisión.
En 1990, estos números cayeron hasta el 84 por 100 y el 40 por 100
respectivamente. Según Fogleson, es curioso que se produzca un descenso de
tal magnitud, y cuesta explicar el fenómeno únicamente a partir de los
materiales publicados y de las entrevistas (los archivos de la justicia criminal
de finales de los años setenta y de principios de los ochenta siguen siendo
inaccesibles). Sin embargo, el investigador propone, y no sin razón, que la
escasez de mano de obra puede haber tenido algo que ver. Volveremos sobre
este aspecto.
Ahora nos ocuparemos, sin embargo, de un hallazgo importante de
Fogleson en relación con el universo político. En el pasado, los funcionarios
del Partido y de los ministerios de Justicia habían supervisado la labor de los
jueces, mientras que los altos tribunales se limitaban prácticamente a una
tarea de seguimiento judicial. En los años setenta, la campaña de
liberalización de la justicia criminal no estuvo encabezada por el Partido, que
había renunciado a inmiscuirse en este ámbito. Tampoco tenía mucho peso el
Ministerio de Justicia. Quien tomó la iniciativa a la hora de presionar a los
tribunales ordinarios para que «despenalizaran» las sentencias y se decantaran
por condenas que no acabaran en una pena de prisión fueron las altas
instancias del sistema judicial, es decir el Tribunal Supremo de la URSS y sus
equivalentes en las repúblicas. Para ello, se sirvieron de su poder como
instancia de apelación y de control, mostraron su disconformidad y
organizaron seminarios de formación para los jueces.
Los primeros cambios de importancia se produjeron en febrero y marzo de
1977, cuando el Soviet Supremo «despenalizó» todo un abanico de pequeños
delitos, que a partir de ese momento se castigarían con multas o con dos
semanas de reclusión (hasta entonces, la pena mínima era de un año). En
aquellos casos que no consideraban «socialmente peligrosos», los jueces