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el siglo sovietico

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reducción de pena a partir de los días trabajados, también reducía

drásticamente el número de prisioneros a quienes se permitía abandonar los

confines de la colonia sin escolta. Entre otras medidas introducidas estaba el

pago en especie.

A partir de 1953, la cifra de prisioneros fue disminuyendo regularmente.

Entre 1953 y 1957, el Presidium del Soviet Supremo anunció diversas

amnistías para diferentes categorías de prisioneros; entre ellas, hubo en 1955

una para quienes habían colaborado con el ocupante alemán. En 1957,

coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la Revolución de octubre, se

produjo una nueva amnistía que afectó a un número importante de internos.

En 1956 y en 1959, las repúblicas nombraron varias comisiones cuya misión

era revisar directamente en los centros penitenciarios los casos de los

condenados por crímenes contra el Estado, malversación de fondos y otros

delitos económicos, así como los de los condenados por delitos menores. El

fiscal general de la URSS ayudó a preparar estas medidas y supervisó su

entrada en vigor.

En enero de 1961, la población penitenciaria había disminuido

considerablemente y su composición, atendiendo a la tipología de crímenes,

había cambiado. En 1953, el 10,7 por 100 de los prisioneros habían sido

condenados por crimen organizado, robo, homicidio premeditado y violación;

en 1961, esta cifra era del 31,5 por 100, lo que significaba que una cantidad

importante de internos eran prisioneros comunes y que existía un núcleo duro

de reincidentes y de criminales peligrosos. Por eso el estatuto de las colonias

y de las prisiones promulgado el 8 de diciembre de 1958 parecía ya

inadecuado, pues no era lo suficientemente estricto con los reincidentes

peligrosos y la lucha contra la delincuencia se resentía de ello. El 5 de

noviembre de 1959, el Comité Central invitó a la Oficina del Fiscal General a

dar un paso más en la lucha contra la delincuencia y a encargarse de aplicarles

un régimen penitenciario acorde.

Dos años después, el gobierno seguía sin estar satisfecho con la situación.

El 3 de abril de 1961, un nuevo decreto del Comité Central y del Consejo de

Ministros conminaba a los ministerios de Asuntos Internos de las diferentes

repúblicas a mejorar los sistemas penitenciarios que tenían a su cargo, a

analizar con detenimiento el estado de cada institución y a reforzar la división

entre las diferentes categorías de prisioneros. Asimismo, abolió el sistema de

reducción de pena por trabajo. Como indican los documentos de que

disponemos, hacía unos cinco años que se habían empezado a discutir estas y

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