Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

ALFREDO MONTOYA MELGAR
dades de la negociación colectiva del personal laboral de las Administraciones y la subsistencia
del problema, tantas veces planteado y pese a ello irresuelto, que plantea la negociación colectiva
conjunta, aspectos que reiteradamente se habían puesto de manifiesto con anterioridad.
Comparando la negociación colectiva que afecta a los empleados de las Administraciones con la
de los trabajadores del sector privado, el autor advierte una serie de diferencias, básicamente consistentes
en restricciones a la negociación colectiva de los empleados públicos, derivadas en buena
parte de la primacía del principio de legalidad (con su reflejo, la legalidad presupuestaria) que rige
la actuación de las Administraciones sobre el de autonomía colectiva, así como de la necesaria salvaguarda
del interés general cuya defensa tiene encomendada la Administración Pública. En fin ,
el autor reflexiona sobre la incidencia de la crisis económica en materia de negociación colectiva de
los empleados públicos, refiriendo los casos de reducción de sus salarios (RDL 8/2010, de 20 de
mayo) y el concreto de la modificación por Decreto Ley del convenio de los controladores aéreos
(RDL 1/2010, de 5 de febrero). El estudio concluye proponiendo una serie de cambios en la materia:
mayor convergencia entre la negociación colectiva de trabajadores y funcionarios, regulación
más completa de dicha negociación y necesidad de unificación jurisdiccional en la materia.
De la retribución del personal laboral del sector público se ocupa en su estudio el profesor
Javier Thibault Aranda, que, tras señalar la importancia de la materia, destaca que éste es uno
de los aspectos menos afectados por la LEBEP. La ley no ha equiparado tampoco en este extremo
al personal laboral y al funcionario, lo que significa que las retribuciones del primero se
siguen fijando a través de la negociación colectiva y el contrato de trabajo, en el marco del Estatuto
de los Trabajadores, sin perjuicio los límites presupuestarios que puedan establecerse. En
este sentido, el estudio reflexiona sucesivamente sobre diversas cuestiones, entre las que destacan
la limitación por las Leyes de Presupuestos del Estado del gasto público, y en concreto de los
salarios, en materia de personal, y en particular las cuestiones planteadas por el reciente RDL
8/2010, de 20 de mayo, también comentado en el artículo de Esteban Rodríguez Vera. El profesor
Thibault trata asimismo de los problemas derivados de la aplicación de los convenios colectivos
sectoriales a las Administraciones públicas, de la tendencia de la negociación colectiva a
homogeneizar conceptos y cuantías económicas entre el personal funcionario y el personal laboral
y de la regulación por la negociación colectiva del sistema retributivo del personal laboral de
las Administraciones Públicas.
El profesor Juan Gil Plana dedica su estudio al tiempo de trabajo del empleado público laboral.
Tras reflexionar sobre la importancia del personal laboral en la Administración española,
reflexión que ilustra con unos útiles cuadros estadísticos, el autor pasa a referirse al juego que
en la materia tiene la LEBEP en relación con la legislación y la negociación colectiva laborales
así como con normas estatales no laborales como son las que componen la legislación reguladora
de la función pública. El trabajo se detiene en particular en el estudio de la jornada laboral
del referido personal, a la luz de la legislación y la práctica negocial colectiva, analizando también
los permisos –cuyo régimen se ilustra con abundante cita de jurisprudencia y doctrina judicial,
distinguiéndose, de acuerdo con la ley, entre permisos de los funcionarios y permisos de conciliación
de la vida laboral y familiar–, y las vacaciones. El estudio concluye con la crítica de la
opción legislativa que, en lugar de fijar un régimen común a todo funcionario público, ha optado
por mantener una regulación dual generadora de problemas interpretativos.
La movilidad de los empleados públicos es el objeto del estudio del profesor Francisco Javier
Hierro Hierro, que comienza recordando en su trabajo que la existencia de un régimen adecuado
de provisión de puestos y de movilidad de los empleados públicos es un elemento decisivo para
que las Administraciones Públicas alcancen sus objetivos de eficiencia y eficacia. El autor cen-
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