Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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EDITORIAL
do público presenta singularidades notables respecto del contrato de trabajo desenvuelto en el
ámbito privado. Ese régimen peculiar o singular se manifiesta en primer lugar en cuanto a los
principios que rigen el acceso al empleo, que se basan en las ideas constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y que se reflejan en los requisitos exigidos a los candidatos, en la configuración
de los órganos de selección y en los procedimientos selectivos mismos.
El tema de la responsabilidad social y ética de la empresa en el sector público es abordado en
el estudio de la profesora Yolanda Sánchez-Urán Azaña. Tal responsabilidad tiene un mayor
fundamento en el sector público desde el momento en que, como dice la Constitución en su artículo
103, «la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales». La autora
analiza las relaciones de empleo público a la luz de ese principio y de aquellos otros contemplados
en el mismo art. 103 CE, a saber, los de objetividad y eficacia, y considera su proyección
sobre la organización y gestión de las Administraciones Públicas, y en particular sobre la gestión
de sus recursos humanos. A través de este análisis, y sin dejar de reconocer la validez de la
doctrina de la responsabilidad social y ética tanto en la empresa privada como en la regida por
una Administración pública, el trabajo establece las concordancias y discordancias que se producen
entre la regulación de las relaciones laborales en el sector público y en el privado. El estudio
aborda asimismo la necesidad de replantear, desde el punto de vista de la ética y de la responsabilidad
social, la función de las empresas y la importancia de adoptar «códigos de conducta»,
también en el sector del empleo público.
El tema central de los derechos de los empleados públicos es abordado en su dimensión contractual
individual por la profesora Raquel Yolanda Quintanilla Navarro, que, sin dejar de reconocer
el gran esfuerzo desplegado por la LEBEP, señala críticamente la falta de rigor sistemático
del legislador al regular, ciertamente de modo ejemplificativo, tales derechos. En efecto,
aparecen así mezclados derechos propios de toda persona con derechos característicos de los trabajadores,
y derechos de éstos en general con derechos específicos de los empleados públicos
laborales. Estudiando comparadamente el régimen funcionarial y el del empleado público laboral,
la autora llega a dudar de que los propósitos inspiradores de la LEBEP se hayan cumplido,
ya que su loable intento de unificación del régimen jurídico de todos los empleados públicos ha
resultado fallido, ello con independencia de que los derechos laborales se encontraban ya amplia
y suficientemente regulados.
Pasando de los derechos individuales a los de naturaleza colectiva, la profesora Remedios
Roqueta Buj centra su estudio en el derecho de libertad sindical, recordando cómo la vigente
LOLS, en cumplimiento de los arts. 28.1 y 103.3 de la Constitución, señala por una parte determinadas
peculiaridades en el caso de los funcionarios públicos, y por otra se remite a «las normas
correspondientes» respecto de la actividad sindical. La autora reflexiona sobre la incidencia
de la LEBEP sobre el derecho de libertad sindical de los funcionarios públicos, y se detiene
en especial en el análisis de la representatividad sindical, en el de las instituciones que canalizan
la representación sindical –las secciones sindicales, de las que se recuerda su conexión con
las representaciones unitarias, y los delegados sindicales–, y, finalmente, en el estudio de los
derechos de los cargos electos sindicales.
Esteban Rodríguez Vera, alto funcionario del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dedica su
estudio a la negociación colectiva de los empleados públicos, destacando el carácter continuista
de la LEBEP, que, en lugar de configurar una negociación única para trabajadores y funcionarios
o cuando menos convergente, mantiene la dualidad tradicional entre unos y otros, así como
entre los sujetos legitimados para negociar, los ámbitos o unidades de negociación, los instrumentos
para la negociación colectiva, etc. El autor critica la falta de regulación de las especiali­
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