Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
la política de empleo); de manera que, sólo
podrán ser obligados a jubilarse, los trabajadores
laborales de la Administración afectados
por un convenio colectivo que así lo prevea.
Así, que puede ocurrir que, o bien no
existan previsiones convencionales que establezcan
la limitación forzosa, en cuyo caso no
operaría la limitación temporal, o bien que,
aun existiendo tales cláusulas, tampoco sea
aplicable la limitación temporal al no tener
cubierto el trabajador el mínimo de cotización
para tener derecho a la pensión de jubilación.
En cualquier caso, es posible que una
Ley 74 establezca una edad máxima distinta
de la de jubilación forzosa para el acceso al
empleo público 75 siempre que se aplique
objetiva, razonablemente 76 y de forma no
indiferenciada 77 al conjunto de los empleados
74 Así normas, con rango de Ley, pueden establecer
una edad máxima de acceso del personal laboral. En el
ámbito estatal, el propio EBEP podía haberlo incluido y
no lo ha hecho y en el ámbito local, no puede hacerse
puesto que se requiere una Ley y estas Administraciones
territoriales carecen de potestad legislativa; no, en cambio,
las Comunidades Autónomas que son las que previsiblemente
harán uso de esta posibilidad.
75 Así, por ejemplo, para el Cuerpo de Policía Local,
la disposición transitoria cuarta del TRRL (RDLg
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales en materia de
Régimen Local) exige para el ingreso al mismo no exceder
de treinta años de edad –justificado por las funciones
ejecutivas de escala básica de auxiliares o agentes de
Policía Local–. Igualmente la normativa autonómica respecto
a la Policía Local exige no exceder de esta misma
edad.
76 El Tribunal Constitucional consideró legítimo y no
contrario al principio de igualdad, en el ámbito funcionarial,
la fijación de un límite de edad (sesenta años para
interventores de fondos del Ayuntamiento de Barcelona)
basado en fundamentos objetivos y razonables (conveniente
perdurabilidad en el cargo), STC 75/1983, de 3
de agosto. No obstante, el voto particular disiente por
considerar que la prolongación en el desempeño de la
actividad no resulta suficiente para impedir la participación
de concursantes de una determinada edad.
77 Como señaló la STC 37/2004, de 11 de marzo,
con relación a una norma destinada a todos los funcionarios
locales (conforme a la cual para participar en las
pruebas de acceso a la función pública no se podía exce­
públicos 78 . Si bien debe tenerse presente que
el ejercicio de este ámbito de decisión para un
supuesto concreto difícilmente se puede justificar
por la necesidad de una capacidad física
determinada o por el valor añadido que supone
la permanencia en el desempeño de las
funciones de un puesto de trabajo o por el
conocimiento de las peculiaridades de una
determinada Administración Pública, puesto
que las mismas normas reglamentarias o
convocatorias pueden prever la realización de
pruebas físicas y médicas que determinen
una posible falta de capacidad, mientras que
la permanencia en el servicio sólo puede justificarse
sobre la base del principio de eficacia,
principio que en sí mismo no constituye
un valor constitucional que pueda oponerse
válidamente al derecho de acceso en condiciones
de igualdad y mérito al empleo público 79 .
No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los
Órganos Constitucionales o Estatutarios de
der de la edad en la que faltaran diez años para la jubilación
forzosa), declarando inconstitucional el artículo
135 de la Ley de Bases del Régimen Local, que contenía
dicha limitación.
78 La citada reserva de Ley para los funcionarios
actúa, además de como requisito, como límite a los
denominados «derechos adquiridos» y así , este personal,
al entrar al servicio de la Administración, asume una
situación estatutaria que define sus relaciones con ella,
situación modificable por los cauces legal y reglamentario,
de acuerdo con los principios de reserva de ley y de
legalidad, lo que justifica que no pueda admitirse ninguna
invocación de infracción del principio de seguridad
jurídica contenido en el artículo 9.3 de la CE ya que el
funcionario no tiene un derecho adquirido a que la
edad de jubilación forzosa se mantenga inmutable
durante toda su vida profesional, estando sujeto a las
modificaciones que el legislador pueda legítimamente
establecer por razones económicas y sociales. J. M. PÉREZ
GÓMEZ, «Acceso al empleo público y adquisición de la
relación de servicio» en Comentarios a la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
p. 500.
79 Coincidiendo con J. MAURI MAJÓS, «El acceso al
empleo público» en Manual de Empleo Público, (Dir.
F. A. CASTILLO BLANCO), Iustel, Madrid, 2009, p. 285.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93