Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

esolver la denegación a un empleado público
laboral de un Ayuntamiento del disfrute de
los días por asuntos particulares previstos en
el artículo 48 del EBEP debido a que en el
convenio colectivo de aplicación se fija expresamente
que a quien ocupe la categoría ostentada
por el trabajador demandante no se
reconoce el derecho a permisos por días particulares,
considera que no es de aplicación a
dicho trabajador los permisos del artículo 48
del EBEP dado que si se tiene en cuenta, por
un lado, que «en la ley 7/07, se fija con carácter
general, que para la totalidad del personal
funcionario y para el personal laboral de las
Administraciones Públicas se fijan preceptos
aplicables. Y entre ellos, considera que en
materia de permisos y vacaciones del personal
laboral se estará a lo establecido en dicho
capítulo y en la legislación laboral correspondiente»,
por otro lado, que «el artículo 48,
referido a derechos y deberes de los funcionarios
públicos, alude a los permisos retribuidos»,
y, finalmente, que «el artículo 7 del
Estatuto de Empleados Públicos, viene a
indicar que el personal laboral se regirá por
la normativa laboral, y aquellas disposiciones
del Estatuto en las que se prevea expresamente
esta aplicación», no cabe otra interpretación
que no sea deducir, primero que «al
personal laboral, sólo le serán aplicables
aquellas disposiciones del Estatuto de
Empleado Público en las que expresamente
se establezca esta posibilidad», y, segundo,
que «la regulación de los derechos y obligaciones
del Empleado Público, lo habrá de ser de
acuerdo con la normativa laboral, es decir,
entre otras cosas por lo dispuesto en los respectivos
Convenios Colectivos de aplicación
cuando se trate de personal laboral al servicio
de la Administración» 26 .
26 Esta misma argumentación es recogida, por tratarse
de supuestos similares, en la STSJ Castilla-León, Burgos,
de 22 de octubre de 2008 (JUR 2008/359383) y
STSJ Castilla-León, Burgos, de 20 de noviembre de 2008
(AS 2009/583).
JUAN GIL PLANA
Además, recordando que el Tribunal
Supremo ha venido admitiendo la posibilidad
de establecer «peores» condiciones para un
determinado colectivo de trabajadores frente
a otros colectivos dentro del mismo convenio
colectivo, siempre que se respete el principio
de igualdad y no discriminación, señala la
sentencia de suplicación que «si los negociadores
colectivos han establecido que los conductores
no tendrían ese derecho al permiso,
en uso de la autonomía de la voluntad, y en
razón de la especial categoría profesional que
poseen y de las necesidades sociales que
atienden, la cláusula concreta negociada convencionalmente
ha de ser entendida conforme
a la ley», y dado que el convenio colectivo
no contraviene «disposiciones constitucionales
ni de superior jerarquía, es obvio, que ha
de estarse en la regulación de los permisos al
contenido literal de su clausulado, y en concreto
del artículo 38 del mismo. Sin que contradiga
el contenido del Estatuto del Empleado
Público, puesto que éste regula los permisos,
de acuerdo con ‘la normativa imperante’,
entre ellas, y en este caso, el Convenio Colectivo
de aplicación a los conductores, como es
el actor».
Más escueta es la argumentación de la
STSJ Castilla y León, Burgos, de 6 de
noviembre de 2008 (JUR 2009/120076), que
ante la denegación por razones de servicio del
permiso de asuntos particulares solicitado
por un trabajador laboral del mismo Ayuntamiento
y con la misma categoría profesional
que el trabajador de la anterior resolución
judicial, y ante la desestimación en instancia
de su pretensión por considerarse que «no es
aplicable el Acuerdo de Condiciones Comunes
a todo el personal que presta sus servicios
en el Ayuntamiento de Burgos y que no puede
ser de aplicación el art. 48 del Estatuto Básico
de Empleo Público porque el mismo se aplicaría
en defecto de legislación aplicable y en
el supuesto en concreto sería de aplicación no
el citado Estatuto sino el art. 38 del Convenio
Colectivo de trabajo perteneciente a la
Empresa Servicio Municipal de Autobuses
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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