Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
puro contrato de trabajo, regido por el Derecho
del Trabajo –si bien modalizado por leyes
de contenido administrativo– y, de otro, el
marco organizativo de naturaleza jurídicoadministrativa,
en el que se inscribe la contratación,
que incluye, entre otras medidas,
los procedimientos formalizados de selección
3 .
Como punto de partida, debe advertirse
que en materia de selección de personal en
las Administraciones Públicas es de aplicación
directa el EBEP 4 , desde luego, para el
personal funcionario, pero también para el
personal laboral 5 , sin remisión para este a la
legislación laboral 6 .
Así pues, régimen de selección de los trabajadores
por cuenta ajena se rige íntegramente
por el EBEP (arts. 55 y sig.) y las nor­
3 A. MONTOYA MELGAR, «Las Administraciones Públicas
como empresarios laborales (Un estudio a la luz del
nuevo Estatuto del Empleado Público)» en Relaciones
laborales en las Administraciones Públicas, p. 47.
4 La regulación del acceso al empleo público se formula,
en gran medida, como conjunto de principios y
adolece, en algunos extremos, de la falta de contenido
sustantivo suficiente para concretar las exigencias básicas
que requiere la regulación de esta materia.
5 Concretamente se declara de aplicación directa al
personal laboral en la Administración del Estado, entre
otros preceptos, los referidos: al acceso de los extranjeros
como personal laboral a las Administraciones Públicas
(art. 57.4), a los órganos de selección (art. 60) y a los
sistemas selectivos del personal laboral (art. 61.7). Instrucción
8, Instrucciones para la aplicación del EBEP en
el ámbito de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos de 5 de junio de 2007 (Resolución
de 21 de junio de 2007).
6 Sobre la base de que los procedimientos selectivos
son actos de la Administración sujetos a Derecho Administrativo,
separables de la regulación que rige el contrato
de trabajo, como se deduce de la jurisprudencia del
TS, en sentencias como la de 21 de julio de 1992 (RJ
1992, 5640) o de 11 de marzo de 1993 (RJ 1993, 1849).
De manera que, para el personal laboral, sólo cuando
nace la relación jurídico– privada que le vincula con la
Administración puede aplicársele la normativa laboral,
puesto que con anterioridad la Administración actúa
con carácter de poder público en atención al interés
general.
mas administrativas concordantes. No resulta
aplicable a este personal, en consecuencia,
la normativa laboral ni siquiera por vía de
convenio colectivo pues, como sucede con respecto
de los funcionarios, la regulación concreta,
en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo
público está excluida de la negociación. En
realidad, no se veda expresamente que los
convenios colectivos puedan determinar la
actuación de la Administración con relación
al ingreso del personal laboral pero, si se
entiende –como así lo expuso la Comisión de
Expertos en el Informe sobre el Estatuto
Básico del Empleado Público 7 – que se trata
de una materia que afecta al derecho de
igualdad de los ciudadanos en el acceso a los
cargos y funciones públicas, con relación a los
cuales la Administración ejerce potestades
públicas, debe pensarse que se trata de un
procedimiento de Derecho Público 8 y, por tanto,
indisponible por la autonomía colectiva.
De ahí que en principio no parece que quepa
admitir que los convenios colectivos puedan
determinar la actuación de la Administración
frente a los ciudadanos por tratarse de actos
sujetos a Derecho Administrativo propios de
los poderes soberanos que se integran en el
proceso de formación de la voluntad de la
Administración frente a sus administrados,
que es una cuestión diferida a la norma legal.
7 INAP, Madrid, 2005, p. 84.
8 Al respecto, vid., E. GARCÍA DE ENTERRÍA, y T. R. FER-
NÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo I, 13ª ed.,
Civitas, Madrid, 2006, p.62. Resulta de interés lo establecido
por el artículo 7.2 de la Ley 4/1993, de 10 de
marzo, de la Función Pública de la Administración de la
Diputación Regional de Cantabria: «El contenido, efectos
y extinción de la relación laboral se regirán por las
normas de la contratación colectiva e individual en el
marco de la legislación laboral, pero los actos preparatorios
a su constitución como convocatorias, pruebas selectivas
y demás trámites hasta la inscripción del contrato en
el Registro de Personal, se regirán por el Derecho Administrativo»;
y sorprende que el VIII Convenio Colectivo
del personal laboral al servicio del Gobierno de Cantabria
(de 12 de febrero de 2010), en su artículo 26, regule
los Tribunales de Selección.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93