Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

• El principio de legalidad
Las Administraciones Públicas, igual que
el resto de las instituciones y los ciudadanos,
están sometidas al principio de legalidad que
se consagra en el artículo 9 de la CE. Según
este principio, la ley ocupa la posición superior
en la jerarquía de las normas y en el sistema
de fuentes del derecho, si excluimos,
claro está, a la propia Constitución, que ocupa
la posición suprema. Ello quiere decir, en
lo que aquí nos interesa, que la ley está por
encima de los acuerdos que se alcancen en el
marco de la negociación colectiva, incluidos
los convenios colectivos que se suscriban con
el personal laboral. Reiteradamente la jurisprudencia
ha sostenido la primacía del principio
de legalidad sobre el de autonomía
colectiva (STS de 9-3-1992), que el convenio
colectivo está sometido a la ley por el principio
de jerarquía normativa (STS 18-1-2000),
que la primacía de la ley sobre el convenio
colectivo deriva de la propia Constitución
(STC 58/1985), que el convenio colectivo es
una norma que sólo tiene fuerza vinculante y
despliega su eficacia jurídica en el campo de
juego establecido por la ley (SSTC 58/1985,
63/1986,96/1990, 210/1990) 6 .
Tenemos que aclarar que, el que el ejercicio
del derecho a la negociación colectiva esté
sometido al principio de legalidad, ello no
quiere decir que la ley no deje espacio para la
negociación colectiva en aquellas condiciones
que la misma haya regulado; ello no es así ya
que en muchos casos la regulación de la ley no
tiene carácter imperativo (o aun teniendo
este carácter no es absoluto sino relativo) sino
dispositivo y en esos casos la negociación puede
entrar a regular lo regulado por la ley, eso
sí en determinadas condiciones. En conse­
6 Una extensa y muy documentada doctrina constitucional
y jurisprudencial sobre las relaciones entre la
ley y la negociación colectiva se recoge en el Auto de la
AN de 28 de octubre de 2010 en el que se acuerda elevar
al TC una cuestión de constitucionalidad sobre el
RDL 8/2010, de 20 de mayo.
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
cuencia, la primacía absoluta de la ley sobre
la negociación colectiva sólo se produce en
aquellos casos en que la regulación de la ley
tiene carácter inderogable, inalterable e
indisponible (STS de20-12-2007). Así lo ha
reconocido también el TC (STC 58/85) cuando
ha dicho que «…en razón a la superior posición
que ocupa la ley en la jerarquía normativa
puede desplegar una virtualidad limitadora
de la negociación colectiva y puede, igualmente,
de forma excepcional, reservarse para
si determinadas materias que quedarían
excluidas de la negociación colectiva».
Pues bien, a la vista de lo anterior, la conclusión
que se puede extraer es que la Administración
Publica no puede suscribir, en ningún
caso, pactos, acuerdos o convenios colectivos
que vulneren lo dispuesto en una ley; o
dicho de otro modo, la Administración Pública
no está vinculada, en ningún caso, a los
pactos, acuerdos o convenios colectivos que
contradigan lo dispuesto en una ley.
Ahora bien, las Administraciones Públicas,
además de estar sometidas como el resto
de las instituciones y los ciudadanos al principio
de legalidad, tienen una especial vinculación
con ese principio ya que toda su actuación
está impregnada por el mismo. Por ello,
las Administraciones Públicas, además de
estar sometida al principio de legalidad general,
están sometidas también al principio de
legalidad administrativa, que rige toda la
actividad que desarrollan las mismas, y al
principio de legalidad presupuestaria, que es
una manifestación específica de aquél que
viene a regir específicamente la actividad de
las Administraciones Públicas que tiene un
contenido económico.
Así pues, en lo que aquí nos interesa, cabe
decir que esta es una peculiaridad que tienen
las Administraciones Públicas, cuando actúan
como empleador, respecto de los empresarios
privados; la peculiaridad es que las
Administraciones Publicas, además de estar
sometidas a la legislación general, están también
sometidas a una legislación específica.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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