Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas (TSJ) que recogen la indicada
doctrina (entre otras, la STSJ de Galicia de
10 de junio de1998, Ar 2014, la STSJ de
Madrid de 30 de diciembre de 1998..).
En todo caso, y aunque en este momento,
como ya se ha dicho, no se plantea ninguna
duda respecto de la constitucionalidad de los
límites que las LPGE imponen a la negociación
colectiva de las retribuciones de los
empleados públicos, es lo cierto que, en su
momento, cuando se empezaron a establecer,
la doctrina científica estuvo dividida respecto
de la constitucionalidad de tales límites retributivos.
En efecto, las indicados límites retributivos
eran considerados inconstitucionales por
una parte de la doctrina por considerar que
los mismos eran de tal intensidad que desfiguraban
y hacían irreconocible el derecho a la
negociación colectiva contemplaba en el artículo
37.1 de la CE. Mantenía esta parte de la
doctrina que dichos límites afectaban al contenido
esencial del derecho a la negociación
colectiva, en la medida en que la negociación
de los salarios constituía el núcleo mínimo
inalienable de la negociación colectiva, y asimismo
que vulneraban el derecho a la igualdad
ya que daban un trato desigual a un grupo
de trabajadores, los del sector público. Con
esta línea de la doctrina se alineaban, entre
otros, los profesores De la Villa y García Becedas
en «Limitaciones salariales y negociación
colectiva» RL 1985-I.
En sentido contrario, otra parte de la doctrina
mantenía la constitucionalidad del
establecimiento de límites presupuestarios a
la negociación de las retribuciones de los
empleados públicos, Con esta línea de la doctrina
se alineaban, entre otros, Sala Franco y
Ramírez Martínez en «La negociación colectiva
del personal del sector público. Incidencia
de la ley 44/1983 de PGE para 1984» RL
1985-I». Mantenía este sector de la doctrina
que los derechos regulados en la CE no son
derechos absolutos pudiendo ser sometidos
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
los mismos a limitaciones legales cuando este
justificado por la promoción, defensa o ejercicio
de otros derechos constitucionales; En
este sentido se consideraba que las indicadas
limitaciones a la negociación colectiva de los
empleados públicos podría encontrar justificación
en los títulos competenciales que habilitan
a los poderes públicos a adoptar medidas
de política económica y de carácter presupuestario
con el fin de, por ejemplo, contener
la expansión del gasto público.
• Los controles establecidos para verificar
el contenido de los pactos, acuerdos
y convenios colectivos alcanzados
en el marco de la negociación colectiva
de los empleados públicos
Las LPGE de cada año, viene estableciendo,
también de forma sistemática, procedimientos
específicos para verificar y, en último
término, garantizar el cumplimiento de
los límites que se establecen al incremento de
las retribuciones de los empleados públicos
En este sentido, se exige obtener antes de que
se suscriba el convenio colectivo del que sea
parte una Administración Pública un informe
favorable conjunto de los Ministerios de
Economía y Hacienda (MEH) y de Administraciones
Públicas (MAP), o de las correspondientes
Consejerías autonómicas, en su caso,
sancionándose la falta de este informe previo
o su carácter desfavorable con la nulidad del
convenio.
También alguna parte de la doctrina, la
misma que cuestionaba la constitucionalidad
de los límites retributivos, llegó a cuestionar la
constitucionalidad de los controles que se establecían
sobre los convenios colectivos a los
efectos indicados. Para esta parte de la doctrina
el informe preceptivo y favorable del MEN
y del MAP que se exigía en relación con los
convenios colectivos del sector público era un
requisito constitutivo para la validez y eficacia
de los mismos y, por lo tanto, equiparable a
una autorización administrativa razón por la
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