Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 6
de marzo de 2008 (JUR 2008/134850), precisamente
ante un conflicto colectivo en el que se
plantea la acumulación de la duración del permiso
de paternidad previsto en la normativa
laboral y en el EBEP, considera que no es posible
reconocer al empleado público laboral un
permiso de paternidad con una duración acumulada
de 28 días. Esta sentencia parte de la
premisa que el Estatuto de los Trabajadores y
el Estatuto Básico del Empleado Público
«regulan o parten del mismo supuesto de
hecho: el nacimiento (acogimiento o adopción)
de un hijo, para anudar a este acontecimiento
un derecho de libranza por paternidad».
Y, ante la concurrencia de normas jurídicas
para regular un mismo supuesto de
hecho, acude a los principios de especialidad
y de norma más favorable para afirmar que
es «incuestionable que el Estatuto de los Trabajadores
tiene carácter general: constituye
la regulación laboral básica, común a la generalidad
de los contratos de trabajo; mientras
que el Estatuto Básico del Empleado Público
es una ley especial, que se aplica exclusivamente
al personal al servicio de las Administraciones
Públicas; y, como tal Ley especial,
no debe aplicarse de forma acumulativa o
simultánea, sino con preferencia a lo que disponga
la Ley general sobre la materia, conforme
al mencionado principio de especialidad»,
lo que se traduce en el reconocimiento
de un permiso de quince días al personal
laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Además, se afirma que la norma
laboral «puede considerarse» como «una regulación
de mínimos al reconocer al padre el
derecho a una suspensión del contrato durante
13 días ininterrumpidos» que «no excluye,
sino que deja expedita, la posibilidad de que
por convenio colectivo o por otro instrumento
normativo resulte mejorado o ampliado ese
derecho, que es lo que ha venido a suceder en
relación con los empleados públicos tras la
promulgación de su Estatuto Básico».
Afirma esta Sentencia de la Audiencia
Nacional que su argumentación ya ha sido
JUAN GIL PLANA
utilizada anteriormente, en Sentencia de 25
enero de 2008, procediendo a dar idéntica
solución. Sin embargo, no es exacta dicha
afirmación, dado que la Sentencia de 25 de
enero de 2008 resuelve el problema de norma
aplicable utilizando el principio de norma
más favorable, y si bien es cierto que en esta
Sentencia se menciona dicho principio como
instrumento de resolución del problema aplicativo
planteado, la solución al mismo se efectúa,
exclusivamente, utilizando el principio
de especialidad.
La Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha de 20 de
febrero de 2009 (JUR 2009/188770), también
sobre la acumulación de días del permiso de
paternidad considera inasumible la acumulación
pretendida al utilizar el criterio de especialidad
normativa «en tanto que ello implicaría
el reconocimiento de un permiso total
por paternidad de 28 días de duración, cuyo
reconocimiento no cabe extraerlo ni de la
letra, ni del espíritu de ninguna de las dos
normas» cuya aplicación conjunta se reclama,
dado que «tratándose de dos preceptos [art.
48 bis ET y art. 49.c) EBEP] encaminados a
regular la misma situación, y cuya finalidad
también es común 37 , ubicándose uno de ellos
en una norma de carácter general, como es el
Estatuto de los Trabajadores, y el otro en una
disposición especial, cual es el Estatuto Básico
del Empleado Público, aplicable exclusivamente
al personal incluido dentro de su ámbito
de aplicación, esto es, al que presta servicios
a la Administración Pública, la consecuencia
de ello predicable es que, lejos de
entender que ambas previsiones legales se
configuran como acumulativas, será preciso
37 Previamente se advierte que la «la finalidad perseguida
con la concesión de los permisos que, respectivamente
regulan, es la misma, esto es igualar al padre y a la
madre en relación con las consecuencias derivables del
nacimiento del hijo de ambos, permitiendo al padre disfrutar
de un periodo de tiempo subsiguiente a dicho
acontecimiento a fin de asumir, de forma más directa, los
derechos y obligaciones derivados del mismo».
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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