Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

es de empresa o superior se aplican distintas
reglas de legitimación para negociar. Este
problema ha llegado a los tribunales y éstos
han dado una solución salomónica, muy pragmática.
Han considerado que en tales casos
existe una unidad de negociación compleja,
en la medida en que son muchos los organismos
afectados, pero de dirección unitaria, ya
que a pesar de la multiplicidad de organismos
existe para todos ellos una unidad de dirección.
Con este criterio mixto que ha aplicado
la jurisprudencia en estos casos, en virtud del
cual se reconoce, por una parte, que, en alguna
medida, existe una pluralidad de «empresas»
y por lo tanto debe aplicarse, a efectos de
legitimación para negociar, desde el punto de
vista de los trabajadores, las normas que se
aplican a los convenios supraempresariales,
y por otra que en ese ámbito existe una unidad
empresarial en cuanto que existe una
unidad de dirección, por lo que en este caso
deben aplicarse las normas de legitimación
que se aplican cuando se negocian convenios
de empresa. Esta solución jurisprudencial,
que se recoge con detalle en la STS de 24 de
noviembre de 2004 Ar. 2005/1591, ha permitido
que hayan sido los sindicatos quienes
hayan negociado los convenios únicos que
han venido negociando las diferentes Administraciones
Públicas.
En el sistema de negociación colectiva funcionarial
el ámbito o unidad de negociación
está predeterminado imperativamente por la
ley. Como ya hemos dicho, en el sistema de
negociación colectiva funcionarial, las partes
no tienen libertad para negociar el ámbito de
la negociación; en este caso, la autonomía
colectiva está limitada a los efectos indicados,
ya que la ley se ha encargado de dejar definidos
los ámbitos en que se pueden negociar las
condiciones de trabajo de los funcionarios. En
efecto, los artículos 34 y 36 del EBEP establecen
las mesas de negociación que existirán en
las Administraciones Públicas, en cada una
de ellas. Conviene señalar que en este aspecto,
el EBEP se limita a consolidar la estructura
de mesas de negociación que había esta­
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
blecido, poco tiempo antes, la ley 21/2006 a la
que ya hemos hecho referencia, y en particular
la Mesa General de todas las Administraciones
Públicas (art. 36.1) y la Mesa General
de Negociación Conjunta (art.36.3), que fueron
la principal novedad de la indicada ley.
La novedad más significativa que incorpora
el EBEP en este aspecto es que se puede establecer
un ámbito especifico de negociación de
carácter supramunicipal, al reconocerse legitimación
para negociar a las asociaciones de
municipios.
No podemos entrar aquí a analizar la compleja
y prolija estructura negocial que existe
en el sistema de negociación colectiva funcionarial;
únicamente diremos que es una
estructura negocial cerrada en la medida en
que las Mesas que se crean son los únicos cauces
que se pueden utilizar para negociar las
condiciones de trabajo de los funcionarios,
adaptada a la estructura administrativa que
existe en nuestro país y a la distribución de
competencias que existe entre los diferentes
niveles de las Administraciones Publicas y
concentrada o centralizada en amplias unidades
de negociación, aunque se admite una
cierta descentralización al reconocerse a las
Mesas Generales la posibilidad de crear
Mesas Sectoriales de negociación. Se ha discutido
si se deben crear obligatoriamente o no
las mesas de negociación que se contemplan
en el EBEP; nuestro punto de vista es que si
se deben crear ya que la negociación colectiva
en este ámbito de negociación es obligatoria
(el artículo 33 contempla la obligatoriedad
como uno de los principios a que estará sujeta
la negociación colectiva de los funcionarios) ;
ello quiere decir que las materias a que se
refiere el artículo 37 («serán objeto de negociación…»
empieza diciendo dicho artículo)
deben ser objeto de negociación necesariamente,
razón por la cual la creación de dichas
mesas resulta imprescindible.
Siguen siendo distintos los instrumentos
negociales en los que reflejan los resultados
de la negociación colectiva de los funcionarios
y del personal laboral.–Vaya por delante
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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