Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
admite la incorporación de tales requisitos
específicos siempre que guarden relación
objetiva y proporcionada con las funciones y
tareas que corresponden al puesto al que se
aspira 87 , por lo que han de establecerse de
manera abstracta y general para impedir
individualizaciones que favorezcan la arbitrariedad
y discriminaciones encubiertas 88 ,
como así ha ocurrido frecuentemente con
relación a la exigencia de un determinado
período de servicios en la Administración que
convoca las pruebas 89 . Sorprende que en esta
cláusula abierta no se requiera el establecimiento
de nuevos requisitos a través de Ley,
por lo que parece que estas exigencias pueden
incluirse en las correspondientes convocatorias.
5. CRITERIOS QUE RIGEN
LA CONSTITUCIÓN
DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN
Para garantizar el derecho constitucional
de los ciudadanos a la igualdad de acceso a la
Administración Pública se han fijado como
criterios básicos sobre los órganos de selección
–que, como señala el art. 60, han de ser
colegiados 90 – y su composición los siguientes:
87 Entre otras, SSTC 42/1981, de 22 de diciembre,
50/1986, de 23 de abril, 148/1986, de 25 de noviembre,
18/1987, de de 16 de febrero, 47/1990, de 20 de
marzo, 27/1991, de 14 de febrero, 302/1993, de 21 de
octubre, 60/1994, de 28 de febrero ó 48/1998, de 2 de
marzo.
88 J. M. PÉREZ GÓMEZ, «Acceso al empleo público y
adquisición de la relación de servicio» en Comentarios a
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, p. 505.
89 Sobre esta concreta exigencia vid., el análisis de
J. L. LÁZARO, SÁNCHEZ «Acceso al empleo público y
adquisición de la relación de servicio», Comentarios al
Estatuto Básico del Empleado Público, p.690 a 692.
90 Lo que impide que la tarea selectiva recaiga en un
órgano unipersonal. A estos órganos se les aplican directamente
las reglas de funcionamiento y de formación de
la voluntad del órgano establecidas, con carácter general,
en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
la imparcialidad, la profesionalidad y la paridad
de géneros.
1) La imparcialidad no sólo conlleva la
aplicación de las reglas sobre abstención y
recusación (arts. 28 y sig. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre) sino también cualquier
otra que asegure la ausencia de favoritismos
derivados de la relación de los miembros de
los órganos de selección con los aspirantes,
como es el caso de la separación de los preparadores
de los candidatos, aunque no se diga
expresamente. En definitiva, la garantía de
la imparcialidad exige mantener a los aspirantes
alejados de cualquier tipo de injerencias
subjetivas en el proceso selectivo.
La imparcialidad se garantiza específicamente
mediante dos exigencias contenidas
en el artículo 60 del EBEP. La primera de
ellas se refiere a que el personal de elección
o designación política, el personal eventual y
el personal interino no puede formar parte
de los órganos de selección. La exclusión de
los dos primeros grupos de empleados parece
responder a la finalidad de evitar interferencias
políticas, lo que ha venido siendo
medianamente frecuente 91 . Así, con esta
medida pretende asegurarse al máximo la
actuación independiente de cada uno de sus
miembros, lo que exige aislarlos de cualquier
tipo de influencia de carácter político.
Los funcionarios interinos, por su parte, no
podrán formar parte de tales órganos 92 ya
que están ocupando puestos en la Administración
sólo de forma temporal y su sistema
91 Como, por ejemplo, la obligatoriedad –hoy se
entiende que derogada– de que los Tribunales en las
Entidades Locales, estuvieran presididos por el Alcalde o
miembro en quien este delegara (art. 4 f) del RD
896/1991, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de administración local).
92 Vid., M. SÁNCHEZ MORÓN, «Acceso al empleo
público y adquisición de la relación de servicio» en
Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, p. 411.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93