Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
tario, y, de no ser así, tendrá las mismas
garantías y facilidades que las establecidas
legalmente para los miembros de las juntas
de personal y delegados de personal, existiendo
una remisión plena a lo establecido al respecto
en el art. 41 del EBEP 29 .
La operatividad del art. 10.3 de la LOLS
está supeditada a la concurrencia de los requisitos
básicos expresados en el apartado 1 del
art. 10 de la LOLS, a saber: 1º) La unidad que
sirve de base a la constitución de la sección
sindical –que, como regla general, será la
«unidad electoral» 30 – ha de contar con 250 o
más funcionarios públicos 31 ; y 2º) Las secciones
sindicales, representadas por los delegados
sindicales, tienen que estar constituidas
por funcionarios afiliados a los sindicatos «con
presencia (…) en los órganos de representación
que se establezcan en las Administraciones
públicas» (juntas de personal) 32 .
En cuanto al crédito de horas mensuales
dentro de la jornada de trabajo y retribuidas
como de trabajo efecto de los delegados sindicales,
cabe formular las siguientes reflexiones
33 :
29 Evidentemente, el sindicato de pertenencia ha de
tener representación en la correspondiente junta de
personal. En sentido contrario se expresa la STSJ de Cantabria
de 17 de junio de 2004 (Rec. núm. 61/2004).
30 Por todas, la STS de 31 de marzo de 2006 (Rec.
núm. 7246/1999) y la STSJ de la Comunidad Valenciana
de 10 de mayo de 1999 (Rec. núm. 2932/1998).
31 STS de 14 de febrero de 1997 (Rec. núm.
5676/1993).
32 STS de 5 de octubre de 1995 (RJ/2345, 1996) y
STSJ de Castilla y León de 4 de enero de 2000 (Rec.
núm. 2986/1995).
33 Aunque la Ley sólo obliga a la Administración a
conceder permisos retribuidos, la STSJ de Canarias (Sala
de lo Social) de 19 de febrero de 1992 (AR/543), viene a
sostener que aquélla también viene obligada a sustituir a
los representantes sindicales que hagan uso del crédito
horario porque lo contrario «supondría el vaciamiento
del contenido del derecho de libertad sindical». Por su
parte, la STSJ de Galicia de 14 de julio de 1999 (Rec.
núm. 1362/1996) subraya lo siguiente: «Cierto es que la
Ley 9/1987 nada dice respecto a modelos de instancia y
plazos de antelación en cuanto a la comunicación de las
1ª) A la vista de la redacción del art. 10.3
de la LOLS, cuando un funcionario ostente al
mismo tiempo la condición de miembro de la
junta de personal y de delegado sindical no
puede disfrutar de doble crédito horario 34 .
ausencias de los sindicalistas, pero no lo es menos que el
sentido común, que hace compaginar derechos con
deberes de los funcionarios, determina, sin decirlo a través
de la Ley, que es lógica toda regulación encaminada,
no a cercenar los derechos de los representantes del personal
(como pretende creer la Federación recurrente),
sino a velar porque en ausencia de éstos pueda seguir
funcionando el Municipio, pues si importante es la tarea
de aquéllos, no lo es menos la que desarrolla el Ayuntamiento
que se debe a todos los ciudadanos del municipio.
Entender que la decisión municipal entraña arbitrariedad,
cuando no hace sino regular la forma y el plazo,
de comunicación de la anunciada ausencia (salvo casos
de fuerza mayor justificados), supone por parte de la
Federación impugnante arrogarse atribuciones por encima
del propio Ayuntamiento, hasta el punto de hacer
prevalecer los intereses representativos de unos pocos
frente a los generales de la ciudadanía, finalidad que la
Ley 9/1987 citada tampoco puede amparar». Finalmente,
la STSJ de 30 de abril de 1999 (Rec. núm.
1082/1998) matiza lo siguiente: «La situación es distinta
en lo que se refiere a la imposición que hace la Administración
al recurrente de la obligación de tomar un
mínimo de cuatro horas de crédito horario cada vez que
desee ausentarse del trabajo para ejercer sus funciones
sindicales o de representación de los trabajadores, razonando
que ha suscrito un convenio con los sindicatos
para garantizar la estabilidad laboral de los sustitutos por
el cual el tiempo mínimo de la sustitución será de cuatro
horas. En cuanto a este punto creemos que se están
imponiendo condiciones al ejercicio del derecho al crédito
horario que no tienen amparo en la legislación, y
que, además, suponen una merma importante de las
horas de que disponen los representantes del personal o
sindicales –que son limitadas– para dedicarlas a las actividades
que le son propias. La obligación de consumir
en cada ocasión cuatro horas como mínimo, determinará
que los representantes sindicales o del personal vean
disminuida su disponibilidad de crédito horario y, por lo
tanto, su actividad dentro de la jornada laboral».
34 Así, FERNÁNDEZ LÓPEZ y CRUZ VILLALÓN, «Los sindicatos
en la función pública: régimen jurídico y representaciones
sindicales en el centro de trabajo», en AA.VV.,
Seminario sobre las relaciones colectivas en al función
pública, I.A.A.P., Sevilla, 1990, pág. 246; GÓMEZ CABA­
LLERO, Los derechos colectivos de los funcionarios,
Madrid, 1994, pág. 240; y SALA FRANCO y ROQUETA BUJ,
Los derechos sindicales…, cit., pág. 184.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93