Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
RESUMEN En este artículo, el autor analiza críticamente el modelo de negociación colectiva que se
aplica a los empleados públicos, que se caracteriza, sobre todo, por la existencia de dos sistemas
de negociación colectiva, uno para funcionarios y otro para personal laboral, que son
muy diferentes.
El artículo analiza, en primer lugar, la regulación que de la negociación colectiva se hace
en el EBEP, llegando a la conclusión de que en este aspecto el referido Estatuto era continuista,
ya que, por un lado, mantiene sustancialmente el modelo dual de negociación colectiva
de los empleados públicos que ya existía en la legislación anterior, por otro no avanza
prácticamente nada en la aproximación o convergencia de los sistemas de negociación
colectiva de los funcionarios y del personal laboral, ya que siguen existiendo importantes
diferencias en relación con los sujetos que están legitimados para negociar, la determinación
del ámbito o unidad de negociación, los instrumentos negociales, las consecuencias
que se derivan del fracaso de la negociación etc, y por otro tampoco regula las especialidades
que existen en la negociación colectiva del personal laboral ni resuelve el problema de
la insuficiente regulación de la negociación colectiva conjunta, aspectos que reiteradamente
se habían puesto de manifiesto con anterioridad.
El eje del análisis que se hace en el artículo de la negociación colectiva de los empleados públicos
está centrado en las diferencias que existen entre esta negociación colectiva y la que afecta
a los trabajadores del sector privado. En el artículo se pone de manifiesto como esas diferencias,
en la mayoría de los casos, se traducen en limitaciones o restricciones a la negociación
colectiva de los empleados públicos. El artículo se detiene a analizar el origen y fundamento
de tales limitaciones o restricciones, identificándose como tales: por una parte, la presencia
de la Administración Pública en la negociación condiciona o limita la negociación
colectiva de los empleados públicos, en la medida en que la misma está sometida en su actuación
a principios o normas, que no se aplican a las empresas privadas, que condicionan o limitan
su capacidad negocial.; por otra parte, la primacía del principio de legalidad respecto del
de autonomía colectiva que se aplica en el caso de la Administración Pública, y la salvaguarda
del interés general cuya defensa tiene encomendada la Administración Pública condicionan
o imponen limitaciones a veces a la negociación colectiva de los empleados públicos; y por
último, la participación de la Administración Pública en la negociación colectiva del personal
laboral obliga a modular determinados aspectos de la normativa que regula dicho tipo de
negociación que es el Título III del ET. Con posterioridad, el artículo analiza detalladamente
las limitaciones concretas que se imponen a la negociación colectiva de los empleados
públicos que se derivan de las normas que rigen la actuación de las Administraciones Públicas,
sometiéndola a determinados principios tales como el de legalidad, incluido el de legalidad
presupuestaria, el de cobertura presupuestaria, el de la buena fe, etc Un análisis especial
se hace de las limitaciones que se establecen a la negociación colectiva de los empleados
públicos en la leyes de presupuestos, donde destaca el tope máximo que se establece todos los
años de incremento de las retribuciones de los empleados públicos que no se puede superar
en la negociación colectiva, Asimismo se analiza cómo juega el principio de jerarquía normativa
en la relación ley convenio colectivo y en que casos la Administración se puede desvincular
unilateralmente de lo pactado en la negociación colectiva.
Un aspecto interesante del artículo es el análisis que se hace en el mismo de dos experiencias
recientes que afectan a la negociación colectiva de los empleados públicos, en las que
el Gobierno mediante dos RDL modificaba, un acuerdo suscrito por el Gobierno con los Sindicatos
representativos de los empleados públicos que se encontraba en vigor, y asimismo
modificaba condiciones de trabajo de los empleados públicos laborales que se habían pactado
en convenios colectivos que también estaban vigentes. Las referidas experiencias se
han materializado, por una parte, en el RDL 8/2010, de 20 de mayo, que afectaba a todos
los empleados públicos, y por otra en el RDL 1/2010, de 5 de febrero, que afectaba exclusivamente
a los controladores aéreos.
Por último, aunque a lo largo del artículo se reflejan las críticas que se hacen al modelo
dual de negociación colectiva de los empleados públicos, el mismo termina, a modo de conclusión,
identificando los principales puntos críticos del mismo y apuntando algunas soluciones
de futuro a los mismos.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93