Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

Gobierno para dictar un RDL; se recuerda, en
este sentido, que la doctrina del TC ha dicho
que el RDL es un instrumento normativo
constitucionalmente lícito cuando con el se
trata de afrontar «coyunturas económicas
problemáticas» que se han presentado de forma
súbita.
Y en segundo lugar, el alcance de la modificación
o suspensión de los pactos y acuerdos
debe ser mínimo, o como dice la propia norma
«el estrictamente necesario para salvaguardar
el interés público», ya que se trata de una
actuación excepcional y por lo tanto ha de ser
desplegada de forma restrictiva, máxime si
tenemos en cuenta que dicha actuación choca
con un principio esencial de la negociación
colectiva cual es el de la conservación de lo
pactado en la misma y, sobre todo, supone
una quiebra de la fuerza vinculante que el
artículo 37.1 de la CE reconoce a la negociación
colectiva.. En todo caso, es esencial que
exista una indudable conexión entre la alteración
sustancial de las circunstancias, la
causa grave de interés público, y la suspensión
o modificación de los pactos y acuerdos,
de tal manera que unas sean consecuencias o
presupuesto básico de las otras. Y por otra
parte es esencial también que la decisión que
se adopte supere el control de «idoneidad,
necesidad y proporcionalidad»
Dos cosas más nos parece oportuno destacar
en relación con la cuestión que estamos
tratando. Una es que en el Derecho laboral no
se contempla ningún mecanismo que permita
la desvinculación unilateral de lo pactado en
un convenio colectivo. Y otra es que lo dispuesto
en el artículo 38.10 no se aplica tampoco
a la negociación colectiva del personal
laboral, ya que el mismo está referido exclusivamente
a los funcionarios. Sin duda, que no
se aplique al personal laboral la indicada restricción
no deja de ser paradójico, ya que no
parece lógico, como dijo, en su día, en su
Informe la Comisión de Expertos, que una
facultad extraordinaria o excepcional de
poder suspender o modificar el contenido de
los pactos o acuerdos alcanzados en el marco
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
de la negociación colectiva de los funcionarios
no se haya extendido también a los convenios
colectivos que suscriba la Administración con
el personal laboral, teniendo en cuenta que la
razón que permite utilizar dicha facultad
excepcional es por causa grave de interés
público derivada de una alteración sustancial
de las circunstancias económicas que existían
en el momento de la firma de los acuerdos.
Otra cuestión paradójica es que no se haya
previsto nada en relación con la negociación
colectiva conjunta para funcionarios y personal
laboral, teniendo en cuenta la distinta
naturaleza y eficacia jurídica que tienen los
acuerdos conjuntos; los problemas que se
pueden plantear si se suspende o modifica un
pacto o acuerdo de este tipo pueden ser
importantes, ya que nos podemos encontrar
con que un acuerdo que afecta a los dos tipos
de personal se suspenda o modifique para
uno de ellos y para el otro no; sin entrar a
analizar la problemática que se puede plantear
en estos casos, si nos parece oportuno decir
que una vez más se pone de manifiesto que la
regulación que se contiene en el EBEP respecto
de la negociación colectiva conjunta es
insuficiente.
4. EXPERIENCIAS RELATIVAS
A LA NEGOCIACION COLECTIVA
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS
ECONOMICA
4.1. La crisis económica ha tenido
un fuerte impacto
en la negociación colectiva
de los empleados públicos
La dureza y profundidad de la crisis económica
que hemos soportado los últimos años
ha impactado gravemente en las finanzas
públicas y ha generado importantes déficits
públicos en todos los países industrializados,
lo cual ha obligado a adoptar exigentes políticas
de ajuste que se han traducido en medi-
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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