Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
evidente que el examen de la concurrencia de
las causas económicas hay que realizarlo
teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios
prestados, pues no es el ánimo de lucro,
sino el interés general o el servicio público lo
que constituye su causa o finalidad 17 . Pero
partiendo de este hecho, no es menos cierto
que los organismos públicos deben guiarse
por criterios de racionalidad dado que manejan
fondos públicos. Aunque la Administración
Pública no compita en el mercado o no
tenga ánimo de lucro, no por ello deja de ser
empleadora «y de necesitar una organización
de recursos racional, que no incremente gastos
de modo innecesario, y que sirva de la
manera más eficiente posible al cumplimiento
del servicio público que tiene encomendado»
18 . En este mismo sentido, debe tenerse en
cuenta que la definición de causas económicas
que contiene el art. 51.1 ET tras su modificación
por la Ley 35/2010, puede, a nuestro
juicio, adaptarse sin problemas a la realidad
de las Administraciones Públicas. En efecto,
la causa económica se identifica sin más con
una situación económica negativa. A partir
de ahí lo que hace la ley es dar dos ejemplos
en los que se entiende que hay situación económica
negativa: la existencia de pérdidas en
la explotación empresarial y la disminución
persistente del nivel de ingresos en la empresa.
Pero fuera de estos dos supuestos pueden
darse otras situaciones que permiten acreditar
que existe una situación económica nega­
17 En este sentido, ver STSJ Andalucía 16-7-2008, AS
2009/1032.
18 STSJ Madrid 10-6-2006 (AS 2006/599). En el mismo
sentido, STSJ Cataluña 14-10-2004 (AS 2004/3426),
según la cual, se percibe claramente que el art. 52 c) ET
«está pensando en una empresa que compite en un
mercado libre, lo que impediría interpretándolo de forma
literal o estricta su aplicación a un Organismo Público,
en este caso un Ayuntamiento, (pero) no es posible
entenderlo de tal manera, ya que la extinción del contrato
de trabajo de la actora conlleva un ahorro objetivo
de costes de los servicios, ahorro que no ha de desecharse
por el hecho de tratarse de una entidad pública
que tiene unos recursos limitados y la obligación de
prestar incontables servicios».
tiva y que pueden encajar mejor con la prestación
de servicios públicos que tiene encomendada
la Administración. Así, por ejemplo,
aun manteniéndose iguales los ingresos
puede producirse un incremento continuo del
nivel de gastos en una Administración, como
consecuencia de la prestación de nuevos servicios
a los ciudadanos, que afecten a su
capacidad para mantener el volumen de
empleo; o, por el contrario, puede producirse
una disminución del nivel de ingresos de una
Administración como consecuencia de una
menor recaudación de impuestos o tasas que
afecte, como en el ejemplo anterior, a su
capacidad para mantener el volumen de
empleo.
Las dudas que se plantean a la hora de
aplicar el despido por causas económicas a
las Administraciones Públicas, no se dan,
sin embargo, cuando las mismas justifican el
despido en causas organizativas, pues las
Administraciones Públicas «en la medida en
que cumplen la finalidad de servir a las
necesidades colectivas pueden en ocasiones
tener que extinguir determinadas relaciones
laborales cuando el servicio público a que
responde su existencia, se modifica o reestructura»
19 . En este sentido, y a modo de
ejemplo, se ha aceptado que hay causa organizativa
cuando se trate de la supresión de
un servicio municipal, máxime cuando éste
es asumido por otra Administración de
ámbito superior 20 o por un servicio externo
que resuelva los casos concretos, que con
muy poco frecuencia, suelen surgir 21 .
La extinción de los contratos de trabajo al
amparo de los arts. 51 y 52 c) ET son una fórmula
utilizable en el seno de las Administraciones
Públicas además de otras medidas previstas
específicamente en la función pública
19 STSJ Comunidad Valenciana 27-9-2001 (AS
2001/2043).
20 STSJ Comunidad Valencia 27-9-2001 (AS
2001/2043).
21 STSJ Madrid 10-6-2005 (AS 2006/599).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93