Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

136
INFORMES Y ESTUDIOS
cas distintas que pretendan favorecer una
equiparación material en el puesto de trabajo
62 . Lo que no resulta constitucionalmente
lícito es determinar el régimen jurídico de
una relación laboral en función, solamente,
del sexo de los trabajadores, salvo que sea
una circunstancia fáctica relevante en la aplicación
de las normas 63 .
2.12.3. Libertad de expresión
La Constitución reconoce en su art. 20.1 el
derecho de los ciudadanos a expresar libremente
los pensamientos, ideas y opiniones,
así como el derecho a comunicar o recibir
libremente información veraz.
La libertad de expresión comprende la crítica
de la conducta de otro, aun cuando la
misma pueda disgustar o molestar a quien se
dirige 64 . Mientras que las opiniones vertidas
en el ejercicio de la libertad de expresión no
requieren de la prueba de la veracidad, sin
embargo, en el ejercicio de la libertad de
información sí es necesario adoptar la necesaria
diligencia en la búsqueda de lo cierto. No
obstante, la veracidad de la información no es
sinónima de la verdad objetiva o incontestable
de los hechos 65 .
En virtud de la STC 243/1997, de 25
noviembre (FJ 1º), el valor preponderante de
las libertades del art. 20 CE solo puede ser
apreciado y protegido cuando aquéllas se ejerciten
en conexión con asuntos que son de interés
general, por la materias a que se refieren y
por las personas que intervienen, y contribuyan
a la formación de la opinión pública.
62 STC 166/1988, de 26 septiembre (FJ 2º).
63 STC 28/1992, de 9 marzo (FJ 2º).
64 STC 20/2002, de 28 de enero (FJ 4º), 189/1999.
No obstante, la crítica no puede amparar «el derecho al
insulto» (SSTC 148/2001, 105/1990, 172/1990)..
65 SSTC 6/1988, de 21 enero (FJ 5º), 197/1998, de
13 octubre (FJ 5º), 139/1995, de 26 septiembre,
6/1996, de 16 de enero, 21/2000, de 31 enero (FJ 5º),
126/2003, de 30 junio (FJ 4º).
En el artr. 14.k EBEP no se menciona el
derecho de información, lo que ha sido relacionado
con el art. 53.12 EBEP, en el sentido
de que este último fija como un principio ético
del empleado público el deber de mantener la
debida discreción sobre los asuntos que
conozca por razón de su cargo, no pudiendo
utilizar esa información en su propio beneficio
o en el de terceros, ni en perjuicio del interés
público 66 .
En el ámbito de las relaciones laborales, la
libertad de expresión posee limitaciones
específicas derivadas de la propia relación
laboral, más allá de las genéricas contenidas
en el art. 20.4 CE 67 . En concreto, el ejercicio
de dicha libertad debe desarrollarse conforme
a las exigencias de la buena fe 68 , para que no
se convierta en una utilización ilícita o abusiva
del ejercicio del derecho 69 .
El mandato de que la Administración
Pública ha de servir con objetividad los intereses
generales (art. 103.1 CE), como también
que se trate de una información de relieve
público o la trascendencia pública constituyen
factores fundamentales a la hora de
ponderar el deber de buena fe en el ejercicio
de la libertad de expresión. No obstante, el
Tribunal Constitucional ha destacado la
innecesariedad de la diferenciación a priori
entre personal laboral o funcionarial, cuando
se trata de ejercer la libertad de expresión en
el ámbito de las Administraciones Públicas,
porque se entiende que lo decisivo es el carácter
de «servicio público» que concurre tanto
en las relaciones funcionariales como en las
laborales con las Administraciones Públicas.
Unidos a los anteriores, se sitúan otros factores,
como el «animus nocendi» o intención
del empleado público de dañar y despresti­
66 J. M. LÓPEZ GÓMEZ: La relación laboral especial…,
cit., pág. 250.
67 STC 1/1998, de 12 enero (FJ 3º).
68 SSTC 1/1998, de 12 enero (FJ 3º), 204/1997, de
25 noviembre (FJs 3º y 4º).
69 STC 88/1985, de 19 julio (FJ 2º).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93