Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
sión, las cláusulas de los convenios colectivos
de las Administraciones Públicas contemplan
plazos en unos casos coincides con lo dispuesto
en el ET 39 , en otros, coincidentes con la normativa
del EBEP –pero limitándose a la prescripción
de las infracciones, contemplándose
reglas distintas de las del EBEP para la prescripción
de las faltas– 40 .
Dada la disparidad de regulación existente
en la materia surge la duda de si los plazos de
prescripción de faltas y sanciones previstos
en el EBEP son disponibles por convenio
colectivo, pudiéndose incorporar los plazos
previstos en el ET u otros distintos. La respuesta
debe ser negativa, ya que ante una
regulación expresa en el EBEP no puede aplicarse
la legislación laboral común, ya que la
supletoriedad de la legislación laboral está
contemplada para lo no previsto en el Título
VII del EBEP 41 . Por último, el EBEP dispone
que «el plazo de prescripción comenzará a
contarse desde que la falta se hubiera cometido,
y desde el cese de su comisión cuando se
trate de faltas continuadas». Y el de las sanciones,
«desde la firmeza de la resolución sancionadora».
La unificación del régimen jurídico de la
potestad disciplinaria de las Administraciones
Públicas llevada a cabo por la Ley 7/2007,
de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado
Público, y las novedades introducidas en el
mismo merecen una valoración positiva en
términos de política de Derecho. Ahora bien,
desde una posición crítica y combativa con la
39 Así ocurre respecto de las infracciones en el art.
81 CC único para el personal laboral de la Administración
General del Estado (BOE 12-XI-2009); art. 98 V CC
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (BOE 16­
I-2010).
40 Art. 44 CC de trabajo de la empresa personal
laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de la Rioja
para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 (DO La Rioja
13-III- 2009)
41 En el mismo sentido, LÓPEZ GÓMEZ, J. M., La relación
laboral especial de empleo público, cit., p. 329.
realidad palpable en muchas Administraciones
Públicas nos atrevemos a afirmar que la
organización en cascada de la jerarquía
administrativa provoca que los sujetos con
verdadera capacidad de sanción, deleguen en
los inferiores jerárquicos la incoación de las
infracciones, dándose la paradoja que ante
una mayor proximidad entre el sujeto infractor
y el sujeto con potestad disciplinaria
resulta mucho más complicado tomar la decisión
de sancionar. En términos semejantes,
con referencia al Derecho Belga, Wischer sostiene
que «el cuidado que se toma el superior
jerárquico de no crearse enemigos y de no
deteriorar la atmósfera e su servicio utilizando
la potestad disciplinaria, …, son otras tantas
razones que explican por qué la disciplina
administrativa se muere y por qué la calidad
de la Administración se va deteriorando»;
para la Administración Gala Bonnefous afirma
que «la autoridad jerárquica tiende a
encogerse, el control a esclerotizarse y la inspección
a desaparecer (…), los jefes como los
subordinados han perdido el hábito de la disciplina.
Sus relaciones son menos las de la
jerarquía que las de la camaradería…» 42 .
Teniendo presente lo expuesto, quizás podría
proponerse que la potestad disciplinaria
estuviera, en todo caso, en manos de un cuerpo
especializado de inspectores o auditores
externos, que no tengan ni puedan llegar a
tener una relación personal y directa con el
infractor, ya que las relaciones personales
desvirtúan la realidad de los incumplimientos
y hacen, en la mayoría de las ocasiones,
impracticables la sanción de los mismos.
42 Citados por PARADA VÁZQUEZ, R., Derecho Administrativo
II. Organización y empleo público, 21ª ed.,
Marcial Pons, Madrid 2010, p. 565.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93