Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

ciación colectiva que se desarrolla en el ámbito
de las Administraciones Públicas, afecte
tanto a funcionarios como a personal laboral,
está condicionada o limitada por las leyes de
presupuestos. Por lo que se refiere al personal
laboral, la limitación afecta a la masa
salarial del convenio que se vaya a negociar
que no podrá verse incrementada por encima
del porcentaje máximo que se fija en la LPGE
de cada año; la masa salarial sobre la que se
puede negociar es la que autoriza el MEH o la
Consejería correspondiente aplicando para
su determinación los criterios que se establecen
en las leyes de presupuestos. Además,
antes que se firme el convenio colectivo deberá
ser informado favorablemente por los
Ministerios de Economía y Hacienda y de
Administraciones Públicas: La ausencia del
indicado informe o su carácter desfavorable
determinará la nulidad de pleno derecho de
los convenios firmados. En consecuencia, la
negociación colectiva del personal laboral, en
lo relativo a salarios, consistirá básicamente
en la distribución y aplicación individualizada
de la masa salarial.
En algún caso se han suscitado dudas respecto
de si la Administración Pública puede o
no negociar las facultades inherentes al
poder de dirección, ya que como es sabido, el
ejercicio de tales facultades, en alguna medida,
son objeto de negociación en el sector privado.
Desde nuestro punto de vista, es indudable
que algunas de dichas facultades no
serían disponibles para las Administraciones
Publicas ya que, además de ser facultades
que son inherentes al poder de dirección del
empresario, son también potestades públicas
de las que depende la organización y el buen
funcionamiento de un servicio público y las
posibilidades de acceso al mismo de sus usuarios.
Así pues, entendemos que cuando estemos
en presencia de este tipo de facultades no
será posible la negociación de las mismas. En
alguna medida, esta solución es la que se
recoge en el artículo 37.2 cuando excluye de la
obligatoriedad de la negociación en el caso de
los funcionarios las decisiones de las Admi­
ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA
nistraciones Publicas que afecten a sus potestades
de organización, la regulación del ejercicio
de los derechos o el acceso de los usuarios
a los servicios públicos, los poderes de
dirección y control propios de la relación
jerárquica , así como la regulación y determinación
concretas de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo
público y la promoción profesional.
En las Administraciones Públicas no es
posible la negociación colectiva extraestatutaria.
Desde luego, no nos ofrece ninguna duda
que este tipo de negociación es imposible en la
negociación colectiva de las condiciones de
trabajo de los funcionarios, dado que el artículo
31.7 del EBEP establece que, en todo caso,
se debe respetar lo dispuesto en el mismo; y
ello quiere decir, por tanto, que no se pueden
utilizar otros cauces de negociación y otros
instrumentos negociales distintos a los que se
incluyen en el EBEP. En consecuencia, una
negociación de las condiciones de trabajo de
los funcionarios que se desarrollara por cauces
e instrumentos negociales distintos a los
del Estatuto serían nulos de pleno derecho.
Más dudas nos podría ofrecer si este tipo
de negociación colectiva es posible en relación
con el personal laboral, aunque estas dudas
se disipan cuando caemos en la cuenta de que
también en este caso la Administración tiene
que actuar de acuerdo con las leyes, y por lo
tanto utilizar los cauces de negociación y los
instrumentos negociales que están previstos
en ellas; no vale acudir en este caso al principio
de que lo que no está prohibido está permitido,
que es el que ha dado cobertura legal
a la negociación colectiva extraestatutaria,
ya que ello abriría un espacio incontrolado y
peligroso a la discrecionalidad, cuando no a la
arbitrariedad, de las Administraciones Públicas;
elegir a un sindicato y marginar a otros
que están legitimados para negociar nos
parece que iría en contra del principio de
igualdad de trato.
Ahora bien, el que consideremos que para
determinar las condiciones de trabajo válida-
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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