Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas
del estado (LCPE, aprobado por RD Legislativo
670/1987, de 30 de abril), se trata de prestaciones
de carácter económico, destacando
fundamentalmente las pensiones de jubilación,
incapacidad y muerte y supervivencia.
El ámbito personal de aplicación de este
régimen de Clases Pasivas está previsto en el
art. 2 LCPE, que incluye, principalmente, a
los funcionarios de carrera de carácter civil
de la Administración del Estado, el personal
militar de carrera, los funcionarios de carrera
de la Administración de Justicia, de las Cortes
Generales, de otros órganos constitucionales
o estatales si lo prevé su legislación
reguladora, el personal transferido a las
Comunidades Autónomas; el personal en
prácticas pendiente de incorporación definitiva,
los ex miembros del Gobierno y otros ex
altos cargos a los que se refiere el art. 51
LCPE (entre otros, los Presidentes del Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional y el
Defensor del Pueblo).
2.12. Los derechos fundamentales
de los empleados públicos
reconocidos en el art. 14 EBEP
2.12.1. Aspectos generales
La celebración de un contrato de trabajo
no implica la privación para el trabajador de
los derechos que la Constitución le reconoce
como ciudadano 56 , pero puede condicionar su
ejercicio 57 , de modo que manifestaciones de
esos derechos que, en otro contexto, pudieran
ser legítimas, no tienen por qué serlo dentro
del ámbito de esa relación contractual 58 .
56 SSTC 197/1998, de 13 de octubre (FJ 2º),
151/2004, de 20 de septiembre (FJ 7º).
57 SSTC 6/1988, de 21 de enero (FJ 6º), 186/1996, de
25 de noviembre (FJ 3º), 80/2001, de 26 de marzo (FJ 3º).
58 SSTC 99/1994, de 11 de abril (FJ 4º), 94/1995, de
19 de junio (FJ 5º), 197/1998, de 13 de octubre (FJ 2º),
151/2004, de 20 de septiembre (FJ 7º).
Ello es debido a que la inserción en la organización
ajena empresarial modula los derechos
fundamentales que incumben al trabajador
como ciudadano, aunque solo sea en la
medida estrictamente imprescindible para el
correcto y ordenado desenvolvimiento de la
actividad productiva 59 ; de igual modo, esa
modulación ha de ser proporcional y adecuada
a la consecución de los legítimos intereses
empresariales 60 . La diferencia entre los
empleadores privados y los públicos se puede
constatar en que los segundos están más comprometidos
que los primeros en el respeto a
los derechos de la persona del trabajador, ya
que sobre ellos pesa tanto la obligación de
abstención a la hora de permitir su ejercicio,
como el deber de protección y promoción de
los mismos.
No obstante, la problemática respecto de
los derechos fundamentales y su ejercicio es
bastante similar en el ámbito del empleo
público, si la comparamos con la que se produce
en las relaciones laborales privadas,
pero con los matices que veremos.
El principio de autonomía de la voluntad
de las partes de la relación laboral ofrece un
campo de libertad de los sujetos de la relación,
que se matiza con los límites previstos,
como el principio de no discriminación por
razón de nacimiento, origen racial o étnico,
género, sexo u orientación sexual, religión o
convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal
o social», como señala el art. 17.1 ET.
Este principio también esta previsto en el art.
14.i EBEP para todos los empleados públicos,
por lo que tanto los laborales como los funcionarios
se encuentran dentro de su ámbito
subjetivo de aplicación, como todo ciudadano
al que se aplica el art. 14 CE.
59 SSTC 99/1994 (FJ 4º), de 11 de abril, 186/1996,
de 25 noviembre (FJ 3º), 126/2003, de 30 de junio (FJ
4º). 60 SSTC 20/2002, de 28 enero (FJ 4º), 213/2002, de
11 de noviembre (FJ 7º).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93