Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

que puede ser tanto funcionarial como laboral–,
y que en este último supuesto se rige por
las normas de la relación laboral especial de
alta dirección.
Como empresario o empleador laboral
–condición que presupone la personalidad
jurídica de las distintas Administraciones–,
éstas actúan en condiciones similares, aunque
no idénticas, a las de cualquier empresario
privado 8 . En efecto, y como veremos más
adelante, como sujeto o parte de contratos de
trabajo, la Administración no pierde su condición
esencial de defensora del interés general,
y por ello no se despoja por completo de su
«imperium», de manera que las relaciones
con su personal laboral no dejan de ser, en
algunos aspectos, relaciones de supremacía
en las que el empleador ostenta un poder
reforzado respecto del propio de los empresarios
del sector privado; poder consecuente con
el relieve que alcanza en la organización
administrativa el principio de jerarquía (art.
103.1 CE; art. 1.3.j LEBEP).
2. INEXISTENCIA DE UN ESTATUTO
UNITARIO DEL EMPLEADO PÚBLICO
El Derecho administrativo de la función
pública y el Derecho del Trabajo se han influido
recíprocamente en la ordenación, respectivamente,
del personal funcionarial y del personal
laboral 9 , lo que se viene traduciendo en
una progresiva aproximación de sus respectivos
estatutos jurídicos. Si en un primer
momento instituciones administrativas como
los ascensos, las excedencias, los sistemas de
8 Vid. en este sentido ALONSO OLEA, Manuel, «Los
límites de la aplicación del Derecho del Trabajo al personal
de las Administraciones Públicas», en Libro Homenaje
al Prof. José Luis Villar Palasí, Madrid, 1989, pág. 50.
9 A este fenómeno de «ósmosis» se refería, hace ya
un cuarto de siglo, ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón,
La nueva configuración legal de la relación de empleo
público. Funcionarios y contratados laborales, Sevilla,
1987, pág. 24.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
selección, los procedimientos disciplinarios,
etc., fueron acogidas por la legislación laboral,
más adelante instituciones nacidas en el
ámbito del Derecho del Trabajo –en particular,
en el ámbito del llamado Derecho colectivo:
órganos de representación de los trabajadores,
negociación colectiva, procedimientos
de conflicto colectivo y huelga, etc.– han acabado
siendo implantadas también en los
dominios de la función pública 10 . En uno y
otro casos, más que una importación mecánica
de instituciones se ha producido, por lo
general, una incorporación adaptada o modalizada
de dichas instituciones desde un ámbito
jurídico a otro.
Ese acercamiento entre el régimen jurídico
de funcionarios y trabajadores ha llevado a
algunos autores a propugnar la superación de
la dualidad de sistemas y la adopción de un
patrón unitario, en el que se fundiesen las
actuales categorías de funcionarios y trabajadores.
Esa aspiración monista ha tenido dos
manifestaciones contrapuestas: para unos, la
unidad se debería alcanzar mediante la «funcionarización»
de todos los servidores de la
Administración, haciendo desaparecer por
tanto la figura del trabajador por cuenta de
ésta; en el polo opuesto, se postula la plena
«laboralización» de la función pública 11 , esto
es, la supresión del régimen especial de los
funcionarios y el establecimiento de un personal
exclusivamente laboral al servicio de las
Administraciones. Por cierto, no ha pasado
desapercibido el hecho de que los deseos de
alcanzar un régimen común a funcionarios y
trabajadores encubren por lo general «un
intento por parte de cada colectivo de mantener
sus derechos y de obtener los del otro» 12 .
10 Cfr. sobre este proceso IZQUIERDO HERNÁNDEZ, F.J.
y MOLINA GARCÍA, M, La laboralización de los funcionarios
públicos, Valencia, 1996.
11 Un estudio de esta tendencia en RIVERO LAMAS,
Juan, «El proceso de laboralización de la función pública:
aspectos críticos y límites», Revista Aragonesa de
Administración Pública, 1995, núms. 6-7.
12 ROJO TORRECILLA, Eduardo, «La relación del personal
laboral al servicio de las Administraciones públicas»
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93
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