Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

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INFORMES Y ESTUDIOS
La constitucionalidad de estos límites a la
negociación colectiva ha sido avalada por el
TC; en efecto, este Tribunal ha avalado, por
una parte, los límites que por razones de
interés público se imponían a la negociación
colectiva a través de la LGPE de cada año, y
asimismo ha avalado los cambios que una
ley ha introducido en convenios colectivos
que estaban vigentes por entender que la ley
tiene primacía sobre el convenio colectivo
porque ocupa una posición superior en la
jerarquía normativa y en el sistema de fuentes.
3.2. Limitaciones a la negociación
colectiva de los empleados públicos
derivadas de las normas
y principios que rigen la actuación
de las Administraciones Públicas
El artículo 33.1 del EBEP dice que la negociación
colectiva de los funcionarios estará
sujeta a los principios de legalidad, cobertura
presupuestaria, obligatoriedad, buena fe
negocial, publicidad y transparencia. Ahora
bien, los indicados principios son los que, con
carácter general, rigen la actuación de las
Administraciones Públicas o los que se aplican
a cualquier tipo de negociación. Por lo
tanto, consideramos que también se deberían
aplicar a la negociación colectiva del personal
laboral, ya que cuando la Administración
Publica interviene en esa negociación colectiva
también está sujeta a tales principios. Y
siendo esto así, no entendemos por qué dichos
principios en el EBEP no se refieren con
carácter general a los empleados públicos en
lugar de referirse sólo a los funcionarios.,
máxime teniendo en cuenta que la Comisión
de Expertos, en su Informe, refería dichos
principios a la negociación colectiva de los
empleados públicos y recomendaba, además,
que los mismos se recogieran de forma expresa
en el texto del Estatuto.
En todo caso, en alguna medida dichos
principios están contemplados también en la
legislación laboral .En efecto, el principio de
legalidad está recogido en el artículo 85.1 del
ET cuando establece como límite al contenido
de los convenios colectivos el respeto a las
leyes (el indicado artículo dice expresamente
lo siguiente: «dentro del respeto a las leyes,
los convenios colectivos podrán regular materias
de índole económica, laboral y sindical...).
Por otra parte, el principio de cobertura
presupuestaria es, en cierto modo, una
manifestación del principio de legalidad en
cuanto que implica que la Administración
debe respetar, cuando negocia, lo dispuesto
en las leyes de presupuestos; el principio de
transparencia y publicidad está recogido en
el artículo 90 del ET que exige que los convenios
colectivos se formalicen por escrito, se
depositen y registren en el registro establecido
al efecto y que se publiquen obligatoriamente
en el Boletín Oficial que corresponda
en función del ámbito territorial que tengan
los mismos; y, por último, el principio de buena
fe negocial se recoge, también expresamente,
en el artículo 89.1 del ET que dice
«ambas partes estarán obligadas a negociar
bajo el principio de la buena fe».
El único principio que tradicionalmente
no ha tenido reflejo en la legislación laboral
es el de la obligatoriedad, ya que en el ámbito
laboral siempre eran las partes las que
libremente decidían las materias que iban a
negociar y el contenido que iba a tener el convenio
colectivo (art. 85.1 ET), aunque, eso sí,
en todo caso, tenían la obligación de respetar
el contenido mínimo que establecía la ley
(art. 85.3 ET). Últimamente, en la legislación
laboral, sin perjuicio de mantener la
libertad de contratación de las partes, se ha
introducido la obligatoriedad de negociar
medidas dirigidas a promover la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y de planes de igualdad en el ámbito
laboral; el deber de negociar planes de
igualdad está referido exclusivamente a la
negociación que se desarrolle en empresas de
más de doscientos cincuenta trabajadores
(art. 85.1 y 2 del ET).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93