Número 93: Derecho del Trabajo - Ministerio de Empleo y ...

52
INFORMES Y ESTUDIOS
establecido en la disposición adicional primera
del EBEP los principios contenidos en los
artículos 55 y 59 son de aplicación en las entidades
del sector público estatal, autonómico y
local que no se encuentran incluidas en el
anteriormente citado artículo 2 y que estén
definidas así en su normativa específica: por
tanto, Sociedades Mercantiles, Fundaciones
Públicas, así como otras entidades del sector
público definidas así en su específica normativa.
En estos casos, pese a que sus trabajadores
no son considerados empleados públicos,
y por ello no se les aplica el régimen general
de acceso al empleo público, sí que se les
aplican los mismos principios constitucionales
que a estos de igualdad, mérito y capacidad,
así como los de publicidad, transparencia,
imparcialidad, profesionalidad e independencia
de los miembros de los órganos de
selección y adecuación y agilidad del proceso
selectivo; del mismo modo, se les aplican las
normas relativas a la protección de las personas
con discapacidad en el acceso al empleo.
Por el contrario, materias tan decisivas en los
procedimientos selectivos como la composición
de los órganos de selección o, específicamente,
su colegialidad no les afectan 24 . Junto
a las Sociedades Mercantiles (o Sociedades
Públicas Locales) y las Fundaciones Públicas,
la disposición adicional primera del EBEP
incluye, en la aplicación parcial del mismo,
otras Entidades del Sector Público entre las
que, siguiendo lo dispuesto en el artículo 2 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, se integrarían las Mutuas y
24 En este sentido, se ha criticado que la intensidad
en la aplicación de los principios de mérito y capacidad
dependa de la concreta modalidad elegida para la ejecución
de una actividad administrativa (modalidad de
asunción directa de la Administración territorial o la creación
de un Organismo Autónomo, Agencia…, en cuyo
caso se aplican tales principios; y no ocurriría así, si se eligiera
una modalidad societaria mercantil) no parece
compatible con el principio constitucional de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3
CE). J. B. VIVERO SERRANO, «El acceso al empleo público
en régimen laboral tras el EBEP: algunas luces y demasiadas
sombras» REDA, nº 143, 2009 (BIB 2009, 873), p. 6.
los Consorcios con personalidad jurídica propia
(art. 6 de la Ley 30/1992, de noviembre,
LRJPAC y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
LRBRL).
Para completar el ámbito subjetivo de aplicación
del régimen de acceso al empleo público
es conveniente hacer también una referencia
–breve ahora, ya que se desarrollará más
adelante– a los empleados públicos a los que
se les aplica el régimen general de acceso al
empleo en las Administraciones Públicas 25 ,
siendo estos: funcionarios 26 (de carrera, interinos
o eventuales) y trabajadores por cuenta
ajena (fijos, indefinidos o temporales 27 ). No
obstante, la aplicación de este régimen general
se ve restringida, en lo que respecta a los
sistemas de selección, al personal funcionario
28 y laboral fijo, quedando al margen de su
25 Debe tenerse en cuenta que el EBEP reconoce
determinados sectores de prestación de servicios públicos
con regímenes especiales como personal investigador,
personal docente, personal de los Servicios de Salud
o personal de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
26 Según el artículo 9.2 del EBEP, a los funcionarios
se les atribuyen en exclusiva las funciones que impliquen
la participación directa o indirecta en el ejercicio
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales del Estado y de las Administraciones
Públicas.
27 Vid., el todavía vigente (tal y como señala la instrucción
5 de la Resolución de 21 de junio de 2005, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se publican las Instrucciones de 5 de junio de
2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado
Público en el ámbito de la Administración General
del Estado y sus Organismos Autónomos) artículo 15.1
de la Ley 30/1984, de 26 de noviembre: las Administraciones
pueden celebrar contratos de trabajo cuando se
trate de cubrir puestos de naturaleza no permanente,
puestos destinados a satisfacer las necesidades de carácter
periódico y discontinuo y puestos que requieran de
conocimientos especializados cuando no existan Cuerpos
o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la
preparación específica necesaria para su desempeño.
28 Entre los funcionarios, sólo se permite, como
excepción, el acceso sin necesidad de respetar tales
principios constitucionales al personal eventual, cuya
designación puede hacerse libremente –salvo requisitos
como poseer la edad mínima para ser empleado público
o no estar separado del servicio o inhabilitado para el
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 93